Las confederaciones nacional de ambos sindicatos acordaron ayer marcar esta fecha para salir a la calle en todo el territorio español y protestar contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy mediante un Decreto Ley.
Los sindicatos CCOO y UGT de Melilla mantendrán un encuentro mañana lunes para acordar las acciones concretas que adoptarán en la ciudad en la línea que han marcado las direcciones de ambas organizaciones en Madrid, donde ayer mismo anunciaron que el próximo 19 de febrero van a hacer movilizaciones para que las calles de España “sean un clamor” contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular.
La secretaria general de Comisiones Obreras en Melilla, Caridad Navarro, precisó a El Faro que no se trata de una huelga, sino de una serie de movilizaciones para expresar su protesta contra esta nueva norma.
En este sentido, indicó que durante la semana próxima los sindicatos se acercarán a todos los centros de trabajo “para informar de lo que está pasando y lo que implica esta reformar”, que tal y como insistió, supone que “se han cargado la negociación colectiva. Es muy fuerte y la gente no sabe lo gordo que es esto. Deja que pasen dos años y entonces veremos el alcance real de la decisión adoptada ahora”, puntualizó.
Acciones nacionales
Esta actuación, que se va a desarrollar en Melilla, también se va a poner en marcha en el resto de España, tal y como adelantó ayer el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Ignacio Fernández Toxo, en rueda de prensa, acompañado del líder de UGT, Cándido Méndez. Así, ambos informaron de que los representantes sindicales iban a ir a todas las empresas para expresar el rechazo frontal de ambas centrales de trabajadores a la reforma.
Además, Toxo recordó que el próximo día 29 hay convocada una movilización europea contra los ajustes económicos aplicados en varios países de la Unión Europea (UE), que ambos sindicatos también secundarán.
Respecto a la posibilidad de convocar movilizaciones mayores, como podría ser una huelga general, el líder de CCOO, sin mencionarla expresamente, dijo que ello dependerá de la tramitación parlamentaria de la reforma laboral y de las enmiendas que se introduzcan.
“Iniciamos ahora un proceso de movilización creciente, sostenido que tiene de momento estos hitos (los días 19 y 29) y la exigencia de la apertura de un proceso formal de negociación”, precisó Toxo.
También destacó que lo que no va a suceder es que la fecha de la huelga general, si la hay, la ponga el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Por su parte, el secretario general de UGT señaló que en una parte importante de la sociedad española hay un sentimiento de esperanza de que se iba a arreglar la situación, pero que se ha frustrado en parte con la reforma aprobada este viernes.
Por ello, Méndez destacó que UGT y CCOO lo que deben hacer es “acompasar” sus iniciativas de protesta “al estado de ánimo de la sociedad”.
“Creo que en esta primera etapa hay que hacer una labor de información muy profunda para que se conozcan las consecuencias de lo aprobado y para que la gente se conciencie”, indicó el líder de UGT.
A esta tarea es a lo que hay que dedicarse en este momento, reiteró Méndez.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se preguntó si ese camino tiene un “limite”, a lo que él mismo se respondió que no, aunque tiene “un sentido y unas etapas que recorrer” y lo que se pretende es que “la siguiente etapa sea la apertura de negociación para corregir los graves atropellos que se han provocado en la estructura del derecho laboral y en el mantenimiento del empleo”.
A la pregunta de si temen que los ciudadanos no quieran la huelga, Toxo respondió que lo que percibe es que la sociedad quiere soluciones al paro y no una respuesta “explosiva” de un día.
Por ello, insistió en que hay que concienciar a la ciudadanía porque se están moviendo más cosas que la reforma laboral y puso como ejemplo los ajustes aplicados en Educación y Sanidad, entre otros sectores sociales.
Algunas consideraciones de CCOO sobre la reforma laboral
Consideración previa: Hemos tenido que realizar la valoración con la información recabada de la rueda de prensa del Consejo de Ministros ya que no disponemos del texto del Real Decreto, por tanto, este análisis debe entenderse como genérico e incompleto hasta conocer de forma precisa la redacción de cada medida.
-El Gobierno, pese a sus declaraciones, ha despreciado el diálogo y la concertación social y lo ha hecho tanto por no convocar a las organizaciones sindicales y empresariales para negociar los contenidos de la reforma como por instrumentalizar interesadamente el contenido del segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva suscrito entre los agentes sociales el pasado 25 de enero.
–Abarata y facilita el despido: Reduce la indemnización de 45 días por año con un límite de 42 mensualidades en el despido improcedente, a 33 días con un límite de 24 mensualidades en todos los contratos indefinidos. Se modifican las causas de despido para evitar el control judicial. Elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos, lo que va a afectar gravemente a las posibilidades de alcanzar acuerdo con indemnizaciones superiores a los 20 días por año. Facilita el despido por absentismo (entre ellos el debido a enfermedad), al desvincular el del trabajador del nivel del resto de la plantilla.
-No reduce las modalidades de contratación indefinida; al contrario crea un nuevo contrato: Indefinido que podrán utilizar el 95% de las empresas. Este contrato podrá extinguirse en su primer año sin indemnización alguna por la simple voluntad del empresario. Además se empeoran las condiciones de otras dos modalidades de contratación: para la formación y el aprendizaje (que se desvincula de la formación del trabajador) y el de a tiempo parcial (para permitir la realización de horas extras, lo que anima al fraude en la concertación de sus condiciones y tiene efectos en las cotizaciones y prestaciones sociales).
-Afecta gravemente a la negociación colectiva conduciendo a los trabajadores a la individual de sus condiciones de trabajo: Contempla la inaplicación de los convenios a través del arbitraje obligatorio, pone fin a la ultraactividad de los convenios colectivos a los dos años de la terminación de su vigencia inicial; individualizando las condiciones laborales de los trabajadores. El convenio de empresa, sea cual sea el número de sus trabajadores, se sitúa sin excepción como preferente respecto al sectorial.
-A través de las medidas de flexibilidad interna pretende corregir la dualidad del mercado de trabajo colocando a todos los trabajadores en una situación más desprotegida frente al poder discrecional del empresario: Amplía las posibilidades de movilidad geográfica; Facilita al empresario la posibilidad de modificar unilateralmente jornada, horario y sistema de rendimiento; y permite, sin autorización administrativa suspender o reducir temporalmente la jornada de trabajo.
-Incide en la calidad de los servicios públicos y se facilita el despido de trabajadores de las Administraciones Públicas: Puestos de trabajo hasta ahora ocupados con contratos laborales podrán ser ocupados por desempleados perceptores de la prestación por desempleo. Se contemplan para los empleados con contrato de trabajo de las Administraciones Públicas las mismas las causas de despido que las establecidas para las empresas privadas.
-Introduce diferencias en las posibilidades de empleo de los parados colocando en mejor situación a quienes perciben prestaciones respecto a los que ya las han agotado. Se hace posible compatibilizar la percepción de desempleo con trabajo y se contemplan incentivos fiscales por la contratación de perceptores de desempleo.
-Crea las condiciones para condenar a los jóvenes al paro y al infraempleo a través de “infrajobs” por la vía de la contratación a tiempo parcial y de un nuevo contrato de aprendizaje desvinculado realmente de la formación.
