Los servicios jurídicos del sindicato aseguran que las multas recurridas no deberán pagarse.
La Federación de Servicios Públicos de Comisiones Obreras (FSP-CCOO) mostró ayer su preocupación por la situación en la que quedarán los Agentes de Movilidad y Medio Ambiente a causa de la sentencia del Tribunal Superior.
El secretario general de esta área del sindicato, Francisco López, señaló a El Faro que solicitarán a la Ciudad Autónoma que convoque a los agentes sociales para informar cuál es exactamente la situación de estos trabajadores.
“A raíz de la sentencia habrá problemas de carácter administrativo que necesitamos saber cómo se resolverán, como el hecho de que varios de estos trabajadores estaban realizando procesos de promoción interna en la Policía Local”, agregó el sindicalista.
Por otro lado, señaló que, “según los servicios jurídicos de CCOO, las multas puestas por los Agentes de Movilidad que fueron recurridas por los infractores en su día quedarán invalidadas”.
“Si la persona que sancionó no era competente para ello, no existe el derecho de cobrar la multa. Las que se hayan pagado ya así se quedan, pero en el caso de las recurridas todo apunta a que el dinero no podrá ser cobrado por la Ciudad Autónoma”, aseguró.
UGT se ofrece para asesorar a los afectados por la sentencia del TS.
La Unión General de Trabajadores (UGT) de Melilla se mostró en la jornada de ayer “preocupada” por el “limbo jurídico” en el que quedan ahora todos los Agentes de Movilidad y Medio Ambiente.
En nota de prensa, los ugetistas mostraron su más sincero apoyo a estos trabajadores y ofrecieron su experiencia sindical tanto a la Administración local como a este colectivo para lograr su estabilidad laboral, la cual “lleva siendo demandada por estos trabajadores desde hace más de quince años”.
Asimismo, desde la UGT mandaron un mensaje de responsabilidad a todos los agentes sociales, incluido el resto de sindicatos de la ciudad autónoma, para encontrar una salida negociada y definitiva.
Por otro lado, recordaron que en su día mostraron sus dudas en lo que se refiere a la creación de estos cuerpos y su inclusión en el Reglamento de la Policía Local. “Nos parecía que no se ajustaba a lo que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recoge en su articulado y que, por lo tanto, era susceptible de impugnación”.
