El sindicato aplaude que la Justicia reconozca que fue un despido improcedente y pedirá que los trabajadores sean readmitidos.
CCOO recurrirá la sentencia de los trabajadores de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) que pertenecía a la Delegación del Gobierno. El sindicato está satisfecho con que la Justicia haya reconocido que el despido de los trece empleados de la UPD fue “improcedente”. Sin embargo, desea que estos empleados puedan recuperar su puesto de trabajo en la Delegación del Gobierno, una opción que el juzgado de lo Social número 1 descarta en la sentencia de este caso de conflicto laboral. Así, lo aseguró el secretario general de CCOO, Francisco Veira, que destacó que los servicios jurídicos de esta entidad también están analizando las indemnizaciones que el juzgado marca para cada uno de los trabajadores de esta unidad y a las que tendría que hacer frente la máxima representación del Estado de Melilla.
Veira aseguró que “el juzgado podría haber llegado más allá” con esta sentencia. Resaltó que están satisfechos con que se reconozca que fue un despido improcedente, así como que estos empleados tenían un contrato indefinido. Explicó que ésta es una de las principales reclamaciones que realizaron los trabajadores de la UPD antes de que se procediera a la eliminación de esta unidad en la Delegación del Gobierno el pasado año.
Sin embargo, CCOO no está de acuerdo con el juzgado de lo Social número 1 cuando asegura en la sentencia que los trabajadores no pueden ser readmitidos en sus puestos de trabajo al haber desaparecido esta unidad.
Veira indicó que se contrató este año a un grupo de interinos para que desarrollaran la misma labor que hacían los trabajadores de la UPD, la gestión de los planes de empleo. Además, afirmó que estos empleados trabajaban en el mismo local que fue sede la UPD, en el Cargadero del Mineral. Por este motivo, CCOO considera que los demandantes pueden ser readmitidos en sus antiguos puestos de trabajo.
Empleados de “pleno derecho”
El secretario general de este sindicato destacó que los trece trabajadores que demandaron a la Delegación son empleados “de pleno derecho” de esta institución. Aseveró que existe una “vinculación laboral” entre los componentes de la UPD y la máxima representación de la Administración en Melilla, lo que implicaría que deben volver a sus puestos de trabajo.
Veira señaló que la Delegación del Gobierno sigue recibiendo la subvención para la contratación del personal que gestiona los planes de empleo. El pasado año en el Boletín Oficial del Estado se publicaba esta ayuda, aunque se añadía que no podría ser solicitada por la UPD. Por este motivo, el máximo responsable de CCOO en Melilla afirmó que la Delegación del Gobierno utilizó esta “triquiñuela legal” para justificar la desaparición de la UPD.
El secretario general de CCOO indicó que ya han presentado en los juzgados de Melilla la documentación para llevar a cabo el recurso de esta sentencia.
Además, los servicios jurídicos están analizando las indemnizaciones que el juzgado de lo Social número 1 indica en esta sentencia para los trece trabajadores. El total de estas indemnizaciones a las que tendría que hacer frente la Delegación es de 225.289 euros, y van desde los 2.810 a los 28.006 euros. Veira destacó que los abogados se están cerciorando de que estas cantidades son las que les corresponde a cada trabajador de la UPD según los años en este puesto de trabajo.
¿Conformarse o recurrir?
El secretario general de CCOO explicó que aún no saben cuántos empleados desearán continuar con este proceso judicial. Explicó que este recurso puede demorar la resolución del caso unos dos años. Esto implicaría que los trabajadores de la UPD no sabrán si les readmiten o no en sus antiguos trabajos hasta dentro de unos años. Aseguró que algunos de estos empleados no tienen subsidio de desempleo y deben atender a sus familias, por lo que pueden llegar a conformarse con la indemnización que marca el juzgado de lo Social número 1. Será en unos días cuando sabrán los demandantes que siguen adelante con este recurso.
Motivos políticos
Por otro lado, Veira pidió la dimisión del delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, porque está causando “problemas” y “malestar”. Destacó que le parecen una “barbaridad” las declaraciones que realizó el máximo representante del Estado en Melilla el pasado jueves sobre este tema y que parecían las afirmaciones del “ultra más radical”.
El Barkani aseguró que la Delegación del Gobierno iba a acatar la sentencia de los juzgados. Pero apuntó que las personas que pertenecían a la UPD “fueron elegidas a dedo” y resaltó que estaban desarrollando una “labor política” en estos puestos de trabajo.
Veira indicó que estas declaraciones “son gravísimas”, “vergonzosas” y “lamentables”. El secretario general de CCOO destacó que los trabajadores de la UPD fueron contratados durante el gobierno de varios partidos. Aseveró que la afinidad política de estos empleados es un derecho constitucional y que El Barkani no puede saber cuál es la de cada trabajador de la UPD. Además, destacó que en el juicio el abogado de la Delegación del Gobierno reiteró que no se procedió al despido de estas personas por una cuestión política, sino porque ya no existía la subvención que permitía su contratación.
Despido
Improcedente. El juzgado de lo Social número 1 indica en la sentencia que el despido de estos trabajadores fue improcedente y condena a la Delegación del Gobierno a pagar a los trece empleados de la UPD un total de 225.289 euros. También se les reconoce como trabajadores con contrato indefinido en esta institución.
Volver
A su trabajo. En la sentencia se indica “la imposibilidad” de que los demandantes puedan recuperar su trabajo porque en la actualidad la gestión de los planes de empleo es “un servicio realizado por funcionarios”. Además, se señala que en el Boletín Oficial del Estado “se preveía expresamente la desaparición de la UPD al privarle del acceso a las subvenciones para la gestión de los planes de empleo”.
