CCOO no quiere detectives supervisando las bajas médicas de funcionarios municipales

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Melilla ha expresado su rotundo rechazo a la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de contratar detectives privados para vigilar determinadas bajas médicas de los empleados públicos. La medida, anunciada como respuesta al elevado índice de absentismo laboral en la administración local, ha sido calificada por la organización sindical como una “criminalización colectiva” de los trabajadores y una muestra alarmante de desconfianza institucional.

Según los datos que maneja la administración, de los 1.340 empleados públicos que dependen de la Ciudad Autónoma, un total de 201 se encuentran actualmente en situación de incapacidad temporal, lo que representa un 15 % del total. De estas bajas, 192 no están relacionadas con accidentes laborales ni enfermedades profesionales, mientras que las 9 restantes corresponden a contingencias profesionales. Este porcentaje de absentismo, según reconoce el propio Ejecutivo local, más que duplica la media nacional, que ronda el 7%.

Ante esta situación, la Ciudad Autónoma ha impulsado la licitación de un contrato público para incorporar los servicios de investigación privada, con el fin de verificar determinadas situaciones de baja médica que generen sospechas. El presupuesto inicial destinado ronda los 15.000 euros, y el precio por jornada de investigación es de 500 euros, incluyendo desplazamientos, seguimiento presencial y la elaboración del informe correspondiente.

Desde el sindicato CCOO, sin embargo, se advierte de que esta medida representa una desautorización implícita del criterio médico, al poner en tela de juicio los partes de baja emitidos por los profesionales sanitarios y someter a los trabajadores a un escrutinio que consideran arbitrario y poco respetuoso. En un comunicado, el sindicato acusa al Gobierno de Melilla de “estigmatizar a toda la plantilla” con una medida que transmite una sospecha generalizada, y de optar por un atajo en lugar de enfrentar las verdaderas causas del problema.

“La contratación de detectives es una respuesta simplista a un problema complejo. Una decisión que no resuelve nada y que envía un mensaje equivocado tanto a la ciudadanía como a los propios empleados públicos”, señala la organización sindical, que considera que esta estrategia genera desconfianza, deteriora la convivencia laboral e infravalora la profesionalidad del personal médico y administrativo.

Para CCOO, el verdadero problema está en la falta de análisis profundo sobre las condiciones de trabajo y las causas del elevado número de bajas. Recuerda que la plantilla carece de un Comité de Prevención de Riesgos Laborales que pueda estudiar estas cuestiones de forma estructurada. En lugar de fiscalizar a los empleados, la organización insta al Gobierno a preguntarse por qué se producen tantas bajas, qué factores físicos o psicosociales pueden estar influyendo y qué medidas preventivas no se han implementado.

Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que el uso de estos servicios será puntual y no generalizado, el sindicato teme que se abra la puerta a una vigilancia encubierta que socave derechos fundamentales como la intimidad, la presunción de buena fe y la dignidad de los trabajadores públicos. Para CCOO, es preocupante que se recurra a medios de control externos antes de agotar mecanismos internos como entrevistas de reincorporación, auditorías, seguimiento médico o refuerzo de políticas de salud laboral.

Además, la medida llega en un contexto de creciente preocupación por el uso de herramientas privadas en la gestión de personal público, lo que plantea interrogantes legales, éticos y sociales. El sindicato no descarta movilizaciones si el contrato llega a ejecutarse, y exige al Gobierno local transparencia, respeto a la legalidad y diálogo con los representantes sindicales antes de avanzar en un modelo que, a su juicio, puede vulnerar derechos laborales básicos.

CCOO advierte que este tipo de iniciativas, lejos de reducir el absentismo, podría provocar un efecto contrario: miedo, inseguridad, pérdida de motivación y deterioro de la confianza entre plantilla y administración.