Comisiones Obreras ha denunciado lo que considera falta de atención por parte del Gobierno melillense a las reclamaciones de las trabajadoras de la Escuela Infantil de Virgen de la Victoria, que durante la pasada semana protagonizaron movilizaciones en las puertas del centro para dejar de manifiesto su descontento con las decisiones adoptadas por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte que dirige el popular Miguel Ángel Fernández.
Desde la la Federación de los Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Melilla reconoce en un comunicado hecho público este martes que, efectivamente, el consejero les informó de la idea de mover al personal a la escuela de San Francisco pero lo hizo de forma verbal y sin concretar cómo se iban a cubrir los puestos de trabajo vacantes.
"Ante las declaraciones del Consejero en el que se manifestaba que se había informado debidamente al personal y a los sindicatos de esta movilidad de centro de trabajo, manifestar que dicha información fue de forma verbal y dando los datos más básicos, como fecha del cambio y del personal que se iba a trasladar, sin informar de la cobertura de los puestos de trabajo que están sin cobertura y que son indispensables para el normal funcionamiento del servicio".
El sindicato considera que son un "daño colateral" en esta situación, ya que "se basa en situaciones futuras inciertas, como supuestos pliegos desiertos (escuela infantil San Francisco) o sentencias judiciales por cesión ilegal de trabajadores (de dicha escuela infantil)", apunta la organización para solicitar la paralización del traslado de centros.
"Por todo ello solicitamos se paralice el traslado de dicho centro hasta resolución de los hechos inciertos anteriormente descritos y se celebre una reunión formal con las trabajadoras en la que se apruebe formalmente mediante un documento vinculante la cobertura de los puestos vacantes indispensables para poder ofrecer un servicio de calidad", insiste.
Si no se atienden a sus reivindicaciones, las trabajadoras aseguran que se reservarán el derecho de promover "otras acciones reivindicativas que la ley otorga".
