El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado que el nuevo contrato de seguridad privada para las dependencias municipales de la Ciudad Autónoma de Melilla, en vigor desde el pasado 1 de enero, ha supuesto una preocupante disminución del personal de vigilancia en algunos de los centros más sensibles de la ciudad. En una nota de prensa, el sindicato advierte de los riesgos que esta decisión implica tanto para trabajadores como para usuarios, especialmente en espacios con un historial conflictivo como el centro de menores de La Purísima y el de Menores Infractores de Baluarte.
Según CCOO, en estos dos centros se ha reducido el número de vigilantes durante los turnos de mañana y tarde, lo que consideran una decisión especialmente grave. En cuanto al Mercado Central, otra de las instalaciones afectadas, la plantilla de vigilancia en el horario de apertura al público se ha limitado a solo dos vigilantes por la mañana, un número que el sindicato considera claramente insuficiente para cubrir un edificio “inabarcable”, que cuenta con dos accesos, dos plantas y un muelle de carga que, según denuncian, queda “sin control alguno”.
La organización sindical considera que esta reducción en la seguridad es “un error” que compromete seriamente la integridad física del personal, los trabajadores y los propios usuarios de los recintos afectados. “Tenemos muy claro que como ocurra algo grave vamos a responsabilizar, en primer lugar, a los que tomaron la decisión de reducir vigilancia”, ha advertido CCOO, que recuerda los numerosos incidentes registrados en el pasado en estos centros.
La nota denuncia también que la Consejería de Seguridad Ciudadana, dirigida por José Ronda, hizo caso omiso a las advertencias del sindicato en el momento en que se publicaron los Pliegos de Prescripciones Técnicas (PPT) del contrato, que inicialmente quedó desierto. Según CCOO, el Comité de Empresa ya trasladó en julio del pasado año una petición formal al consejero para abordar esta problemática, sin haber obtenido hasta la fecha respuesta alguna. “No hay ningún interés en subsanar el error”, lamentan.
El sindicato recuerda que las instalaciones donde se han aplicado los recortes son precisamente aquellas que el propio gobierno local ha señalado en el pasado como zonas con necesidad de refuerzo en materia de seguridad. De hecho, los vigilantes destinados a La Purísima y Baluarte perciben un complemento por peligrosidad debido a la complejidad de su labor diaria. “No entendemos que se reduzca el número de vigilantes en unas instalaciones que el propio Consistorio quiere reforzar porque reconoce los problemas de seguridad en el recinto”, afirman.
Además, el sindicato señala que este nuevo contrato también conlleva “otras irregularidades” que comprometen la eficacia del servicio de vigilancia. Entre ellas, destacan la intención de justificar como “monumento histórico artístico” la presencia de un vigilante en la vía pública frente a la Puerta de La Marina, cuando, según subrayan, se trata de una zona donde el personal de seguridad no puede ejercer sus funciones al no ser agentes de la autoridad.
También critican la existencia de un servicio de vigilancia discontinua cuya operativa permite la “deambulación sin control” del personal, lo que a su juicio evidencia una mala organización del dispositivo de seguridad.
CCOO ha mostrado su preocupación por las consecuencias que podría acarrear la aplicación de este contrato. No descartan convocar movilizaciones para exigir su revisión y una solución inmediata a las carencias detectadas. “Estamos ante un modelo que no protege ni a los trabajadores ni a las personas que hacen uso de estas instalaciones. Si no se revierte, el problema puede ir a más”, insisten.
Este nuevo contrato llega tras un proceso de licitación que quedó inicialmente desierto. Tal como publicó El Faro de Melilla el pasado 3 de octubre, el presidente Imbroda garantizó entonces la continuidad del servicio mientras se resolvía el recurso interpuesto ante el Tribunal Administrativo. No obstante, el contrato finalmente adjudicado ha terminado generando el rechazo frontal de los trabajadores del sector, que ahora advierten de su impacto directo sobre el empleo y la seguridad.
