Desde el comité de trabajadores del centro de menores Fuerte de La Purísima queremos hacer pública la "reincidencia del incumplimiento" por parte de la empresa Arquisocial SL de la sentencia 264/2022, dictada por el Juzgado de lo Social el pasado 24 de noviembre de 2022, donde la empresa fue condenada a que abonara a la plantilla del centro de menores la tabla salarial del IV Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores con efecto retroactivo desde enero de 2022, en detrimento de la tabla salarial del Convenio Colectivo de Empresa que estaba aplicando a pesar de estar denunciado dicho convenio desde junio de 2022.
Por parte del comité de empresa y del sindicato CCOO se llevó a cabo una concentración el 3 de marzo de este año en las puertas del centro de menores para exigir a la empresa el cumplimiento de la sentencia judicial, y habiendo recibido el pasado día 7 de marzo el auto de firmeza de la sentencia, la empresa gestora del centro de menores, Arquisocial, "continúa incumpliendo la sentencia y no abonando los atrasos de 2022, ni tampoco abona las nóminas de 2023 según ordena la sentencia, debiendo aplicar el IV Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores", según protesta el sindicato.
CCOO opone que ya no sólo es que no apliquen la sentencia judicial y lo que marca la última reforma laboral, sino que, para los pocos casos que les había mal pagado los atrasos de 2022, resulta que dos meses después, la empresa, a fecha 31 de marzo, llama a estos trabajadores para comunicarles que se han equivocado en sus cálculos y que han de devolver ese dinero y que la forma de proceder es descontándoles mensualmente de sus nóminas una media de 200 euros durante seis meses.
En junio de 2023, se celebró el juicio sobre el plus de residencia y el juez instó a la empresa a que en un plazo no superior a un mes negociara con el comité de trabajadores su aplicación y su abono, y, "como viene siendo habitual", prosigue el sindicato, en la empresa ni se ha puesto en contacto con ellos ni ha abonado el plus de residencia, alegando que ellos tienen que solicitar autorización a la Ciudad Autónoma para su abono, "hecho incierto, porque las negociaciones de los convenios se hacen con el comité de trabajadores y la Ciudad aplica lo recogido en las tablas salarias ya negociadas entre empresa y comité".
Además, el sindicato quiere mostrar su rechazo por "las agresiones que están sufriendo los compañeros de trabajo por parte de los menores acogidos y la falta de apoyo y acciones por parte del director del centro", lo que genera que un elevado número de trabajadores esté de baja laboral.
"Esperamos que las autoridades competentes tomen nota de lo que está ocurriendo en el centro e investiguen y tomen las medidas necesarias para poner fin con esta pesadilla", concluye la nota remitida por CCOO.
