UGT afirma que el juez dice que hubo “fraude de ley”, pero ésta no es la razón de la readmisión
El secretario general de UGT en Melilla, Alonso Díaz, anunció ayer que la trabajadora de la empresa Cátering Perea Rojas, que trabajaba en uno de los comedores de los cuarteles de nuestra ciudad gestionado por esta empresa, tendrá que ser readmitida tras la sentencia del Juzgado de los Social de Melilla en la que se indica que no se puede despedir a una mujer durante su baja por maternidad. Hay que recordar que la empresa se hizo con la adjudicación del servicio de comedor y menos de un mes después decidió reducir la plantilla despidiendo a quince empleados, supuestamente, por motivos económicos. En aquel momento UGT denunció la situación con concentraciones, escritos enviados al Ministerio de Defensa e incluso a la Fiscalía. Ninguna de las vías funcionó y finalmente todos los empleados despedidos, excepto la mujer embarazada, llegaron a un acuerdo con la empresa para recibir su indemnización.
Díaz aseguró ayer que la sentencia emitida el pasado 30 de septiembre demuestra que se produjo “un fraude de ley”, porque la empresa no cumplió con lo pactado al echar a la calle a los empleados. No obstante, éste supuesto fraude al que hace referencia el secretario general de UGT no es la razón por la que la empleada ha sido readmitida ni tampoco obliga a que se readmita al resto de los trabajadores.
El secretario general de UGT aseguró ayer que una vez que la sentencia sea firme, (aún cabe la posibilidad de que se pueda presentar un recurso de súplica), la remitirán al Ministerio de Defensa para exigir que pongan una sanción o incluso que rescindan el contrato a Perea Rojas. Sin embargo, hay que señalar que en ningún caso esta sentencia obliga a Defensa, que no está personada en el caso, a emprender algún tipo de acción contra la actual adjudicataria del servicio.
Los trabajadores despedidos en su día tampoco tienen interés por regresar a sus antiguos puestos. Ellos llegaron a un acuerdo con la empresa y en ningún momento han querido emprender acciones legales para que sus despidos se declarasen nulos.
El secretario general de UGT aseguró ayer que en la sentencia, que no facilitaron a este periódico, se indica que la empresa de cátering conocía perfectamente la situación del servicio que asumía cuando se hizo cargo de él. Además, Alonso dijo que en el documento el juez también apunta que Perea Rojas no cumplió con uno de los requisitos que se exigían en el contrato, que era contar con la autorización del órgano de control de Defensa para poder reducir la plantilla.
El máximo responsable de UGT señaló que además de remitir la sentencia a Defensa, también tienen previsto enviarla a la Fiscalía, que en su momento dijo que no veía ningún indicó de delito penal en el caso de los despidos. El ugetista se mostró esperanzado en que se emprendan acciones para sancionar a Perea Rojas, aunque lo cierto es que la sentencia sólo obliga a readmitir a la trabajadora despedida cuando estaba embarazada.
El secretario general de los ugetistas melillenses aseguró que las administraciones públicas tienen que evitar que empresas como Perea Rojas se queden con servicios en nuestra ciudad. “Estamos hablando de que esta empresa va a conseguir un beneficio de medio millón de euros a costa de quedarse con un servicio público en Melilla y echar a parte de los trabajadores”, criticó.
El ugetista insistió en que la Administración tiene que vigilar más de cerca a las empresas a las que adjudican este tipo de servicios. “No queremos otra Serramar en nuestra ciudad”, recalcó el líder de UGT en referencia a la empresa que fue adjudicataria de los servicios de vigilancia del CETI, el Imserso y varias obras públicas en nuestra ciudad y que finalmente se marchó, después de que los sindicatos denunciaran durante meses que no pagaba a sus trabajadores.
