El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, realizó ayer su primer viaje oficial a Melilla. Sin embargo, por el excaso contenido de su agenda y la premura con la que se desarrolló la visita, más bien parecía que el ministro sólo estaba en nuestra ciudad de paso hacia otra parte.
Su presencia sirvió para enaltecer el acto de inauguración de la nueva sede del Colegio de Abogados y para saldar una deuda por la ausencia de representación de alto nivel ministerial en la apertura oficial de la Oficina Judicial hace unos meses. Como compensación, Catalá asistió ayer a la inauguración de la Oficina Fiscal.
Y poco más dio de sí la visita del ministro, que sin apenas tiempo para comer, cuando los asistentes a ambos eventos quisieron darse cuenta, ya estaba en el avión de vuelta a Madrid.
Su viaje había generado expectativas de que algunos interrogantes relacionados con su área pudiera quedar resueltos, al menos, parcialmente. Quienes más tiempo llevaban esperando una respuesta son los padres de Emin y Pisly. Quisieron tener un encuentro con el ministro para saber si éste les podía dar alguna información sobre la investigación de la muerte de sus hijos. Sin embargo, la falta de tiempo (y tal vez también de interés) de Catalá les impidió siquiera plantear la pregunta. ¿Tiene alguna noticia sobre la investigación de la muerte de nuestros hijos, muertos el 27 de octubre de 2013 a consecuencia de los disparos de la Marina Real Marroquí en Punta Negrí?
La cuestión quedó en el aire, por si algún ministro de los que venga en el futuro tiene el valor suficiente de coger el toro por los cuernos y hablar claramente con los padres de ambos jóvenes.
También quedaron sin respuesta varias preguntas relacionadas con la inmigración ilegal. En una de ellas, la seguridad jurídica de los agentes que actúan en la valla, el ministro sí se mojó. A diferencia de lo que han venido manteniendo durante años los mandos de la Guardia Civil y hasta hace pocos meses el propio ministro del Interior, Catalá aseguró que es necesario que los agentes puedan hacer su trabajo con “seguridad jurídica y garantías”. De hecho, ayer mismo estaba previsto que el PP aprobará en el Senado una enmienda planteada por el propio Grupo Popular, instando a la elaboración de un protocolo de actuación. Sin embargo, casi a la misma hora que el ministro de Justicia rompía una lanza a favor de los guardias civiles, sus compañeros de la bancada popular en la Cámara Alta votaban en contra de esa misma iniciativa.
Según la senadora María del Carmen Dueñas, que se encontraba ayer en el hemiciclo en representación de Melilla, el ‘no’ se debió a cuestiones técnicas que impiden incluir un protocolo en una ley orgánica. No obstante, según Dueñas, sigue en pie el compromiso de dotar a los agentes de dicho documento “en breve”.
En relación a otras de las grandes dudas planteadas, ésta referente a la oficina de asilo, la pregunta se quedó en el tintero porque los ‘guardaespaldas’ del Gabinete de Prensa del Ministerio interrumpieron con poco miramientos la labor de la prensa local. Sin embargo, no es descabellado pensar que, de haber tenido que responder a esa pregunta, Catalá hubiese cogido el hilo de las respuestas que habitualmente ofrece su compañero del Ministerio del Interior: La oficina de asilo está ahí; si los inmigrantes no la utilizan es porque no quiere solicitar protección internacional y, en consecuencia, todos los que subsaharianos que se suben a la valla no son potenciales solicitantes de asilo. Si no lo piden porque no quieren o si no lo hacen porque no pueden... eso es indiferente, según la argumentación del ministro Fernández Díaz.
En definitiva, Rafael Catalá estuvo ayer en Melilla, pero su ausencia política fue aún más palpable que la de su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, que cuando iba a venir a inaugurar la Oficina Judicial tuvo que quedarse en Madrid para preparar los trámites de la abdicación de don Juan Carlos a favor de su hijo.
