El Boletín Oficial de Melilla publicó este jueves dos números extraordinarios. El primero de ellos para recoger el cese de los seis miembros del Gobierno local que han tenido que abandonar el Ejecutivo tras la sentencia del Tribunal Supremo respecto a un caso de Ceuta. El segundo de los boletines recogió la designación de una suplencia “temporal por vacante hasta el nombramiento de los correspondientes cargos” de las tres grandes consejerías que se quedaban ‘huérfanas’. De esta forma, el cepemista y consejero de Medio Ambiente, Hassan Mohatar, suplirá a Julio Liarte en la cartera de Hacienda, Economía y Empleo. En el caso de la Consejería de Bienestar Social, que estaba en manos del socialista Fernando Rubia, quedará en manos de Gloria Rojas, la consejera de Educación. Además, el consejero de Infraestructuras, el cepemista Rachid Bussian, se hará cargo de forma provisional de la Consejería de Presidencia, Administración Pública y Regeneración Democrática, que hasta ayer estuvo en manos de Paula Villalobos.
Al margen de esta publicación, el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, negó de forma reiterada que se haya paralizado la Administración local, como denunció el PP de Melilla.
No hay paralización
“No esperaba menos del PP. Hay una cosa que se llama respeto institucional y está claro que este partido no lo tiene porque no le interesa. Lo único que quiere es cargarse este Gobierno y a mí”, añadió De Castro.
El presidente de la Ciudad remarcó que se han tomado medidas para evitar que haya un parón con la delegación de firmas en otros consejeros, algo que está previsto en el Reglamento y en el Estatuto de Autonomía. “La diputada Esther Donoso miente más que habla porque ni se paralizó la Administración antes ni ahora ha pasado”, subrayó.
En cuanto a las exigencias de que debería haber cesado a los consejeros y viceconsejeros el primer día que tuvo conocimiento de la sentencia, De Castro aseveró que no se pueden hacer las cosas así y no cree que si hubiera sido presidente el popular Juan José Imbroda hubiera actuado diferente a él. Indicó que no se puede cesar de forma automática a los miembros del Gobierno, porque hay que hacer las cosas “con mesura y prudencia”. Señaló que “la sentencia no es de aplicación directa en Melilla, pero sí indirectamente porque al ser un recurso por casación, cualquier ciudadano podría denunciar los actos administrativos de estos consejeros o viceconsejeros.
De Castro remarcó que si esto le llega a pasar al PP, al ser un Gobierno monocolor, solo hubieran discutido a nivel interno para recomponer el Ejecutivo, pero que en su caso son tres los partidos que forman parte de la Ciudad.
Volver a negociar
El presidente del Gobierno local espera poder mantener la estructura del Ejecutivo, aunque subrayó que se está volviendo a negociar quien se lleva esas competencias que se han quedado ‘huérfanas’. “En todos los gobiernos donde hay varios partidos hay una correlación de fuerzas y de proporcionalidad”, añadió.
Insistió en que se ha actuado con “celeridad” y subrayó que los técnicos hayan elaborado los tres informes que solicitó en una semana, cuando lo habitual es mucho más tiempo.
“Usar la sentencia, usar las reflexiones del poder judicial para hacer política por intentar confundir a la gente creo que es una mala praxis y, además, es una falta de respeto institucional tanto al poder judicial como al poder autonómico en este caso”, remarcó.
Antes de hacer estas declaraciones, De Castro participó en una Junta de Portavoces de la Asamblea en la que informó de los ceses de los consejeros y viceconsejeros. Aseveró que el portavoz del PP, Miguel Marín, insistió en que debió haber echado a esos seis miembros nada más salir la sentencia, pero el presidente de la Ciudad le dijo que los expertos juristas que había consultado indicaron que debían esperar los informes.
La autonomía
Por otro lado, el presidente del Gobierno local solicitó “mesura” a los partidos de la Asamblea porque aseguró que “se está poniendo en cuestión de alguna manera el sistema autonómico de la Ciudad”. Aseguró que se van a reactivar dos comisiones relacionadas, una con la autonomía y otra de relación con el Estado. “Habrá que tomar una decisión y habrá que decir claramente que es lo que queremos hacer con esta ciudad si queremos que sea un ayuntamiento; o como otros dicen que dependamos de la Junta Andalucía o bien somos una autonomía, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Pero no podemos ser para unas cosas ayuntamiento y para otras una comunidad porque nos encontramos con este problema”, añadió De Castro.
En cuanto a los presupuestos de 2020, dijo que están hechos pero que es lógico esperar a que se conforme el Gobierno local para su presentación.
