La Audiencia Provincial ha dictado 58 órdenes de libertad desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que reduce notablemente las penas por este delito. Se han revisado 124 sentencias.
Tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal, que reduce a una multa o prisión entre tres y doce meses la condena por tráfico de inmigrantes, los juzgados se han visto obligados a revisar todas las sentencias dictadas en las que antes se condenaba este delito con penas de cárcel de entre cuatro y ocho años. La Audiencia Provincial ya comenzó este trabajo y hasta ahora se han dictado 58 órdenes de libertad. Por tanto, la misma cifra de condenados en Melilla por tráfico de inmigrantes ya está en la calle. En las ciudades de Melilla y Ceuta, por su situación fronteriza, son más propensas a registrar hechos delictivos de esta naturaleza por la entrada de inmigrantes ya sea en patera u ocultos en dobles fondos practicados en vehículos. Los patrones de esas embarcaciones y los conductores de los coches son detenidos y procesados.
El tribunal de la Sección 7º ya ha revisado un total de 124 sentencias condenatorias, que como primer resultado ha tenido la puesta en libertad de 58 reos. Ahora se abre un proceso de revisión del resto de sentencias más complejo, pues hay procedimientos en los que la revisión implica la citación de las partes para después decidir, según informaron a El Faro de Melilla desde la Audiencia.
Hace una semana este diario ya informó de las primeras salidas en libertad de los condenados por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Nada más entrar en vigor la reforma penal, la Fiscalía de Melilla informó a la Audiencia de más de un centenar de expedientes en los que interesaba o bien la libertad o bien la continuidad en prisión de los reos.
La revisión de las sentencias implica que se hayan rescatado expedientes del año 2010 hasta los más actuales, de este mismo año. Por ello, habrá reos que hayan salido en libertad a punto de cumplir la condena que se les impuso con la antigua normativa penal y otros que con una sentencia condenatoria más reciente y de la misma envergadura se benefician de la rebaja penal con una estancia en prisión mínima.
Los requisitos de la libertad
No obstante, no todos los casos que se revisan conllevará la puesta en libertad. Al igual que la reforma penal reduce las penas, también establece los supuestos más graves que mantienen penas de cárcel de cuatro a ocho años. Estos casos son en los que ha existido un evidente peligro para la vida del inmigrante o se le ha causado lesiones graves, la pertenencia a un grupo criminal de tráfico de personas o si el acusado es funcionario público o miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Para todos éstos, se mantendrá la pena impuesta en su día, de cuatro a ocho años para estos casos agravados.
Las sentencias se revisan caso a caso, incluidas las acordadas entre el abogado defensor y la Fiscalía vía conformidad.
Por otra parte, la reforma penal incluye un nuevo apartado en el artículo 318 bis que no considera que deba ser penada la ayuda a un inmigrantes por motivos humanitarios. Será el estudio de las circunstancias de cada caso lo que permita concluir en qué circunstancias se encuadran la cuestión de “ayuda humanitaria”. El nuevo Código Penal no concreta cuáles son los requisitos que permitirían una absolución por motivos humanitarios, por lo que será la jurisprudencia la que siente los criterios a seguir por los juzgados.
Por último, el nuevo artículo 318 bis también contempla que en el caso de que el acusado haya cobrado dinero por introducir a un extranjero en territorio español, se le podrá aplicar una multa de dos a cinco años o la del triple al quíntuple del beneficio obtenido “si la cantidad resultante fuese más elevada”.
Balance y el posible efecto llamada
En lo que va de año la Guardia Civil ha localizado un total de 16 inmigrantes ocultos en dobles fondos practicados en coches que trataban de entrar en Melilla por la frontera y, en consecuencia, sus conductores fueron detenidos por un delito de tráfico de inmigrantes.
Son los datos que facilitó la Comandancia de la Benemérita la pasada semana a El Faro de Melilla.
Por su parte, el sindicato policial UFP y la asociación de guardias civiles AUGC manifestaron a este diario su preocupación por el posible repunte que podría producirse en la entrada de inmigrantes ocultos en dobles fondos, al no tener ya una pena de cárcel que pudiera resultar disuasoria como hasta ahora.
