Un total de 382 empleados públicos presentaron el jueves un documento, a través del registro electrónico de la Ciudad Autónoma, para expresar su “malestar y preocupación” por las negociaciones sobre la valoración de puestos de trabajo (VPT) que el Gobierno local está llevando a cabo con determinados colectivos, ya que lo consideran “un agravio comparativo y una posible vulneración del principio de igualdad”.
Los empleados recuerdan que “los colectivos en cuestión” se han visto beneficiados durante los últimos años por distintas mejoras laborales y salariales, entre las que destacan una en 2009 y otra en 2015, mientras que al resto no se le ha realizado ninguna VPT desde hace más de 20 años. “Una tercera mejora salarial, sin que paralelamente se revise al resto de empleados de esta Administración, sería un nuevo y manifiesto agravio comparativo” más allá de las cuestiones legales, argumentan.
Los firmantes temen que, si se produjese esa subida, podría condicionar el aumento salarial ordinario acordado por el Estado para el resto de empleados públicos. Algunos de ellos piensan que, en caso de llevarse a cabo estas mejoras retributivas para determinados colectivos, se financiarían “con el menoscabo, total o parcial, de las subidas salariales ordinarias para el resto de los empleados públicos de la Administración local -“la mayoría”-, quienes se verían privados de las subidas ordinarias que se vienen aplicando de forma lineal a todos los empleados públicos.
De hecho, en su carta, los firmantes se muestran convencidos de que la subida a esos colectivos “preferentes” condicionaría la posibilidad de aplicar una valoración “efectiva, real y proporcional” al resto de empleados públicos.
En este sentido, citan las palabras del consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, a El Faro, sobre que primero iban las VPT de la Policía Local y de los Bomberos para después ponerse con el resto del personal.
En su opinión, de llevarse a cabo la subida salarial de estos colectivos solamente, se estaría enviando “un mensaje muy peligroso para el normal funcionamiento de la Administración”. Los firmantes piensan que significaría ceder ante quienes se manifiestan públicamente y amenazan con demandas mientras a quienes, como ellos, se dedican a trabajar “sin hacer ruido”, se les “abandona totalmente”.
Por todo ello, en la misiva, los empleados públicos solicitan a la Ciudad Autónoma que en las actuales negociaciones se incluya la valoración de toda la plantilla o, si se decide llevar a cabo sólo con determinados colectivos, se incluya una disposición transitoria para que las mejoras no tengan efecto hasta que se revise la valoración de toda la plantilla. De esta manera, creen que se evitaría que una futura y eventual revisión de toda la plantilla pudiera quedar condicionada por ello.
