El presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres (Fampa) en Melilla, Joan Casares, teme que el próximo curso escolar, que comienza la primera semana de septiembre, no disponga al principio de cuidadores o éstos tengan poca puntuación.
Según ha explicado, actualmente hay dos convenios. El primero de ellos, junto con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEyFP), llamado de compensación, incluye a diez personas que empezaron el 15 de noviembre y concluyen el 30 de junio, la mayoría de ellos en el CEE Reina Sofía. El segundo, específico de la Ciudad Autónoma, lo forman 25 cuidadores repartidos por los colegios de Melilla, pero también terminan el 30 de junio.
Aunque su esperanza era que se produjera una renovación automática para el próximo curso escolar, “el cambio de Gobierno provoca ciertas dudas”, ha manifestado Casares, sobre todo teniendo en cuenta que este curso no comenzaron hasta el 15 de noviembre,
Por lo tanto, ha insistido, temen encontrarse “prácticamente sin cuidadores” al principio del próximo curso, sobre todo porque también hay que resolver un papeleo que puede llevar, según sus cuentas, alrededor de 45 días.
Otro “hándicap” que puede producirse, en palabras de Casares, es que se comience a llamar a los candidatos a partir del número 69 de 153, que fue donde se quedó la lista el año pasado y que son los que menos puntuación tienen. Aunque el presidente de la Fampa entiende que “todo el mundo tiene derecho a trabajar”, ha recordado que este “no es un convenio de parques y jardines, sino que se trata de niños discapacitados, que ya se han hecho a los cuidadores y éstos ya se han hecho a los niños”, por lo que ha solicitado mantener un año más a los mismos cuidadores.
Todo ello, ha matizado, siempre que el nuevo Gobierno local no impugne el contrato y quiera rehacerlo, lo cual conllevaría una mayor tardanza, y estando de por medio las elecciones generales del próximo día 23 de julio.
En conclusión, Casares ha solicitado que, aunque sea con un Gobierno en funciones, esté firmado el contrato la primera semana de septiembre y puedan comenzar a trabajar entonces los cuidadores, “aunque sean las personas del final de la lista”. Sin embargo, el presidente de la Fampa ha explicado que desde el Ejecutivo local no se ha contestado a la petición de cita que realizó hace entre una semana y diez días y que, en el Partido Popular (PP), no tienen un interlocutor, porque no hay consejero de Educación y “ni ellos mismos saben lo que va a pasar”.
El caso concreto de un niño
Relacionado con este asunto, Casares ha informado de que, a petición de una madre, llamada Aisha, la Fampa ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Menores por la no inscripción de un niño con 65 por ciento de discapacidad por movilidad reducida –va en una silla de ruedas- y que, al terminar Primaria, ha solicitado ir, por proximidad y porque sus amigos van al mismo sitio, al IES Virgen de la Victoria.
Frente a ello, el MEyFP le ha adjudicado el IES Juan Antonio Fernández, por lo que, nuevamente, “el niño queda en perjuicio”, ha señalado Casares, porque “tiene que ir a un centro que le queda muy lejos, en un desplazamiento a diario” y porque lo separan de sus amigos, lo cual no le va a ayudar en sus estudios.
“Recordamos que la obligación del Ministerio es poner los medios adecuados para que un niño pueda tener su continuidad y no entendemos que, teniendo una ley que precisamente cuida sobremanera a las personas con discapacidad (física y psíquica), nos sigamos topando con este problema en el cual lo que hacen simplemente es darnos lentejas”, ha manifestado Casares, quien cree que es “lamentable” que tengan que llegar “a una situación de amenazas en algo en lo que ellos tendrían que estar, sobre todo, intentando atender a las familias, no obligándolas ni ejerciendo ese abuso institucional que suelen hacer”.
