El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció a primeros de ese mes que el Gobierno de España dio luz verde a la transferencia de 8,5 millones de euros para subvenciones a la desalación de agua para consumo doméstico en Canarias y que “se hará efectiva automáticamente con la transferencia de esos fondos” a la comunidad autónoma.
El Ejecutivo regional, en un comunicado, detalló que esas cantidades fueron traspasadas desde el Ministerio de Industria al de Transición Ecológica, como consecuencia de la reestructuración de Departamentos y que, por tanto, será éste último el que transferirá en próximas fechas esos fondos al Gobierno canario.
La nota especificaba que el objetivo de esta subvención es que el usuario final pague un precio “normal” por el agua que consume y cuya producción es más costosa porque hay que desalarla en las plantas potabilizadoras.
Recuerda que las islas a las que irán destinadas las ayudas serán de forma prioritaria Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. Este anuncio fue hecho por Torres en su visita a La Graciosa y Lanzarote, isla esta última “donde precisamente se instaló la primera planta desaladora de Europa en el año 1964”, recordó.
Con esta noticia, el presidente canario “despeja la incertidumbre generada en operadores públicos y privados por la ausencia de convocatoria”, teniendo en cuenta que el sector depende en gran medida de los ingresos procedentes de la subvención a las plantas potabilizadoras.
En su opinión, demorar más la ayuda o la pérdida de la misma supondrían, además, que se vieran afectados sectores productivos como la industria y el turismo, que son muy sensibles a la variación del coste del agua, subraya la nota.
Desde 1983
Añadió que desde 1983 el Gobierno central ha subvencionado la actividad de la desalación de agua de mar para consumo doméstico en Canarias con el fin de abaratar el precio final y, así, acercarlo al precio medio que se paga por el agua en la propia península.
Hay que recordar que cuando el PP volvió a plantear las ayudas para Ceuta y Melilla se produjeron protestas por parte del Ejecutivo canario al considerar que cobraban mucho menos en función del número de habitantes en comparación con Ceuta y con Melilla por este tema.
