A 40 se eleva el número de las víctimas mortales que han podido ser confirmadas por Caminando Fronteras tras los hechos ocurridos el pasado 24 de junio en el intento de salto masivo a la valla que separa a Melilla de Marruecos, según ha expuesto la ONG en su informe Monitoreo Derecho a la vida, que corresponde a la primera mitad de 2022.
En concreto, este colectivo ha podido constatar el fallecimiento de 37 personas el propio día de la masacre y tres muertes más que se produjeron posteriormente, debido a las heridas del 24J, aunque los testimonios que ha recogido lleva hasta 62 los datos de las personas fallecidas.
Por ende, "las cifras de las víctimas mortales siguen siendo aun una incógnita", visto que, en tanto, Marruecos y el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Nador hablan de 23 muertos; la ONG Asociación Marroquí de Derechos Humanos se ha referido este miércoles a 27 muertos y 64 desaparecidos; y el Defensor del Pueblo de España indica que son "decenas de muertos".
De acuerdo con Caminando Fronteras, otra vez la falta de transparencia ha impedido a las organizaciones y los familiares tener acceso a las personas fallecidas para proceder a su identificación, así como saber si se han efectuado autopsias que revelen las causas de las muertes.
Por tanto, no solo se ha violado su derecho a la vida, sino también los que asisten a las personas muertas y a sus familias de ser identificadas, conocer sus causas de muerte y ser enterradas con dignidad.
Además, la ONG ha denunciado que los derechos de las víctimas supervivientes de la masacre y de sus familiares "no solo fueron violentados el día 24, sino que siguen siendo vulnerados hasta la fecha".
Sin pasar por alto que tanto heridos como muertos permanecieron "hasta ocho horas en el suelo bajo un sol de justicia y recibiendo golpes cuando los militares de forma arbitraria lo decidían", la organización ha resaltado que, "quienes tuvieron más suerte", recibieron asistencia médica por las heridas.
No obstante, también continúa siendo una interrogante lo que pasó dentro de los centros hospitalarios de las ciudades de Nador y de Oujda porque la policía marroquí bloqueó el acceso de organizaciones sociales y de familiares de las víctimas a las instalaciones.
Así, todavía no se sabe ni siquiera qué criterios médicos se usaron para desplazar a algunos heridos y a otros no, qué asistencia recibieron y cuándo, por qué y de qué murieron aquellos que lo hicieron en los hospitales, si tuvieron apoyo para operaciones y tratamientos médicos, o si pudieron contactar con sus seres queridos.
"Nos machacaban incluso cuando estábamos tirados en el suelo"
"Nos machacaban incluso cuando estábamos tirados en el suelo", ha expresado una de las víctimas del 24J a la ONG, que ha afirmado que el 80% de las personas atendidas sufrieron heridas de diversa gravedad y consideración el 24J, mientras la mayoría de las lesiones se había producido por golpes y violencia, ya que fracturas en piernas, brazos y cabeza aparecían en los cuadros clínicos.
Del mismo modo, el 30% de las personas que fueron supervivientes de la masacre son menores entre 15 y 17 años; y un 5%, niños con edades entre los 11 y los 14 años.
A la vez, Caminando Fronteras ha asistido a personas pendientes de operaciones; y ha contactado con un herido de bala de fuego, que tuvo que ser operado para extraer el proyectil, y a otro joven que tuvo que ser ingresado en el hospital porque entró en coma durante su detención, situación en la que estuvo tres días, tras los que despertó con dificultades motoras y del habla por los golpes que había recibido en la cabeza.
Asimismo, la entidad humanitaria ha remarcado que, el hecho de que las autoridades marroquíes blindaran las instalaciones hospitalarias empeoró la situación de emergencia humanitaria. De hecho, el retraso de una intervención por falta de material provocó que fuera amputado uno de los pies de una persona que sufrió fracturas por el ataque de los militares.
Igualmente, se han reportado en la mayoría de las personas asistidas en las misiones humanitarias otros cuadros físicos y mentales asociados a situaciones de estrés postraumático como ataques de pánico, pesadillas, dolores intensos en todas las partes del cuerpo y miedo.
Otras declaraciones y la observación en terreno han evidenciado que, tras el 24J, los controles policiales se centraron en identificar específicamente a los sudaneses por lo que, "las semanas posteriores a la represión han sido especialmente duras contra esta comunidad". A tenor con Caminando Fronteras, incluso se ha podido confirmar "el fallecimiento de una persona sudanesa atacada por un ciudadano marroquí".
Un total de 65 imputados
En otra línea, han destacado desde la ONG que un grupo de 65 personas han sido imputadas por delitos relacionados con sucesos producidos durante los días 23 y 24 de junio.
Una parte de los detenidos está acusada de delitos graves en el Tribunal de apelación de Nador y se enfrenta a penas que pueden ir hasta los 20 años de cárcel; al tiempo que los otros encausados están siendo enjuiciados por facilitar la entrada y la salida clandestina de personas hacia Marruecos, entre otras acusaciones.
Entonces, los refugiados que se encuentran en prisión preventiva están siendo defendidos por abogados de organizaciones sociales, mientras el resto de personas sufrieron desplazamientos forzosos internos dentro del país, "despojados de absolutamente todo y abandonados a su suerte". Se han recogido testimonios de quienes aseguran que los militares les robaron lo poco que les quedaba: teléfonos, algún dinero, e incluso los zapatos para que no pudieran andar.
La ONG ha documentado además la deportación de 132 personas a la frontera con Argelia, en una zona conocida como "tierra de nadie".
