La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, se pronunció ayer sobre el proceso de regularización de migrantes promovido por el Gobierno, tras las críticas de la diputada del Partido Popular, Sofía Acedo, que vinculó la iniciativa con posibles problemas de seguridad.
Calvo comenzó señalando que el real decreto que regula este procedimiento aún se encuentra en tramitación y destacó la importancia del control que acompañará al proceso. “En primer lugar, el real decreto que regula ese proceso de regularización está en tramitación. En segundo lugar, por supuesto que va a haber control, como no podría esperarse de otra manera”, afirmó.
La secretaria de Estado enfatizó que el proceso está destinado a personas que ya residen en España y que en muchos casos trabajan de manera irregular. “Estamos hablando de personas que ya residen en España y estamos hablando de un proceso de regularización que lo que hace es otorgar derechos a personas que residen y, en muchos casos, trabajan de manera irregular”, explicó Calvo.
Para Calvo, el proceso de regularización tiene implicaciones positivas desde el punto de vista social y laboral. “Creo que es un ejercicio saludable desde el punto de vista de nuestra sociología y del mercado laboral. Me parece poco sospechoso que la COE lo haya aplaudido, me parece menos sospechoso aún que ese proceso de regularización haya también sido acogido como una noticia grata por la propia Conferencia Episcopal”, señaló.
La secretaria de Estado subrayó que el procedimiento no es arbitrario ni ilimitado, sino que se llevará a cabo de manera acotada en el tiempo y con todas las garantías legales. “Creo que es de justicia, creo que tenemos que tener las garantías y las vamos a ofrecer de que se hace de una manera acotada en el tiempo, que no es sin emirar, que es para personas que residen aquí”, afirmó.
Según Calvo, el objetivo principal es regularizar a quienes actualmente trabajan en situación irregular, dotándolos de derechos y mejorando sus condiciones laborales. “Nos va a permitir hacer aflorar, regularizar, por tanto dotar de derechos a muchísimas personas que se encuentran en este momento trabajando en una situación de irregularidad que creo que es insostenible e insoportable”, añadió.
Con estas declaraciones, la secretaria de Estado dejó claro que el Gobierno busca un equilibrio entre la regularización de migrantes y la seguridad, garantizando un marco legal sólido y supervisado. La medida, señaló, permitirá visibilizar a personas que contribuyen a la economía y necesitan protección legal, a la vez que se establece un control riguroso para prevenir posibles riesgos.
En definitiva, el proceso de regularización se presenta como una herramienta para garantizar derechos, seguridad y estabilidad laboral, manteniendo un equilibrio entre las necesidades sociales y las exigencias del marco legal vigente en España.
