Cada menor tutelado cuesta casi 60.000 euros anuales a los melillenses

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha denunciado este lunes el elevado coste que supone para las arcas públicas la atención a los menores extranjeros no acompañados (menas), que la ciudad mantiene bajo tutela. Según sus declaraciones, cada menor tutelado cuesta a los melillenses entre 52.000 y 59.000 euros anuales, lo que sitúa el gasto mensual por menor cercano a los 5.000 euros.

Actualmente, Melilla acoge a unos 195 menores extranjeros, repartidos principalmente entre tres centros: el Centro de la Purísima, el Centro Asistencial y La Divina Infantita. El primero, que soporta la mayor carga con unos 160 menores, genera un gasto aproximado de 500.000 euros mensuales, lo que equivale a 6 millones de euros al año. El Centro Asistencial añade otros 3,3 millones anuales, mientras que La Divina Infantita, con menor capacidad, representa una partida económica reducida, aunque no especificada.

En total, la atención a estos menores supera los 9,2 millones de euros anuales, una cifra que Imbroda ha calificado de insostenible para las finanzas locales. “Esto nos está costando casi 60.000 euros al año por menor. Que los melillenses sepan lo que nos está costando toda esta historia”, ha subrayado en su comparecencia pública.

El presidente ha lanzado estas cifras como advertencia ante el inminente Real Decreto que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto publicar esta misma semana y que contempla el reparto de menas entre las distintas comunidades autónomas. Según ha afirmado Imbroda, la medida responde al “mandato” del líder de Junts, Carles Puigdemont, al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha criticado con dureza tanto el contenido del decreto como la forma en que se ha impulsado.

“Vamos a ver cómo sale el decreto. Ahora mismo hay muchísimas incógnitas. Todos los datos que han salido han sido cálculos que ha hecho el mismo Puigdemont y compañía, que se han publicado a través de los medios nacionales”, aseguró, expresando sus dudas sobre la veracidad de las cifras y la transparencia del proceso.

Uno de los aspectos que más molestia ha generado en el Ejecutivo melillense es que, según esos cálculos difundidos en medios nacionales, Melilla recibiría 34 nuevos menores, mientras que Cataluña acogería solo 24. Una situación que Imbroda considera “injusta y absurda” dada la presión histórica que soporta la ciudad autónoma como puerta sur de Europa.

“Yo pensaba que Melilla no iba a estar para nada aquí, en esos cálculos. Sino al revés, que Melilla sería la comunidad receptora de fondos para paliar el grave déficit que tenemos año a año gastando con este tema”, lamentó.

Imbroda ha recordado que la ciudad arrastra un déficit acumulado superior a los 120 millones de euros en esta materia, derivado del desequilibrio entre los fondos que transfiere el Gobierno central y el gasto real que asume Melilla. “Estamos esperando que el agresivo Gobierno central, ya que va a tratar todo el tema de menas, por lo menos nos pague esta situación tan negativa para nuestras arcas”, afirmó.

El presidente también expresó su rechazo a que se tomen decisiones desde Madrid sin tener en cuenta la realidad concreta de Melilla. Según señaló, los menores, sean extranjeros o no, deben estar bien atendidos, pero reclamó que se asuma el coste real de esa atención por parte del Estado.

Hace unos días, Imbroda anticipó que, si el real decreto avanza tal como está previsto, el Gobierno de Melilla no descarta recurrir legalmente su aplicación, al considerar que se trata de una medida “impuesta”, sin consenso, y que vulnera la capacidad de gestión y las condiciones estructurales de la ciudad.

“Una horca legal”, así definió Imbroda el contenido del real decreto en declaraciones previas recogidas por El Faro de Melilla, al tiempo que remarcó que “Melilla ya ha hecho mucho durante muchos años” y que la solidaridad debe ser compartida, no impuesta.