El diputado de Amaiur Jon Iñárritu pidió en septiembre del año pasado imágenes sobre el intento de entrada del 13 de agosto y el Gobierno, tres meses y medio después, le respondió que habían sido borradas por ley.
La grabación de seguridad del salto a la valla que tuvo lugar en Melilla el pasado 13 de agosto ha sido completamente borrada. El caso no iría más allá del cumplimiento de un mero protocolo sino fuera porque se trata de las imágenes de una de las entradas de inmigrantes por las que está imputado Ambrosio Martín Villaseñor, coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla. Así se desprende de la respuesta que ha dado el Gobierno al diputado de Amaiur Jon Iñárritu, quien el pasado mes septiembre presentó dos peticiones por escrito en el Congreso para acceder a las imágenes de los saltos que tuvo lugar el 13 y el 30 de agosto.
El Ejecutivo nacional contestó a Iñárritu casi tres meses y medio después que “las imágenes de seguridad correspondientes a los saltos a la valla de Melilla que tuvieron lugar los días 13 y 30 de agosto ya no están disponibles, porque se conservaban conforme a los plazos establecidos en la Ley de Videovigilancia, norma que impone la destrucción al cabo de 30 días salvo que exista un procedimiento judicial al respecto”.
En el caso del salto a la valla del 13 de agosto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla decidió imputar a Martín Villaseñor por la presunta comisión de un delito de prevaricación a causa de las ‘devoluciones en caliente’ que se produjeron aquel día. Hay que recordar que el coronel está acusado del mismo delito por las expulsiones de inmigrantes que se llevaron a cabo en el intento entrada del 18 de junio.
La intención del diputado de Amaiur era, precisamente, comprobar a través de las grabaciones de seguridad si se habían producido ‘devoluciones en caliente’ en el vallado de Melilla.
Según el Reglamento del Congreso, el Gobierno contaba con un plazo máximo de 30 días para contestar a las preguntas por escrito de Jon Iñárritu. Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo no se produjo hasta el pasado 23 de diciembre, es decir, tres meses y medio después.
De forma agrupada, respondió a los dos requerimientos de Iñárritu con un solo escrito: “Las imágenes captadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se conservan conforme a los plazos legalmente establecidos en la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. Por este motivo, las grabaciones solicitadas por su señoría ya no están disponibles”.
Hay que resaltar que norma contempla en su artículo octavo que "las grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto". En el caso del salto del 13 de agosto, sí existía tal procedimiento.
La imputación
El pasado 15 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla decidió imputar al coronel Martín Villaseñor por un presunto delito de prevaricación por las llamadas ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes. Según el auto del juez Emilio Lamo de Espinosa, se trataba de resolver si esta práctica de entregar inmigrantes a las autoridades marroquíes podía ser constitutiva de infracción penal, al ser realizada "sin observar la legislación española vigente en materia de extranjería".
Las diligencias judiciales de este procedimiento se iniciaron a partir de una denuncia presentada por varias ONG, en concreto Andalucía Acoge, SOS Racismo y Prodein, en alusión a dos intentos de entrada por parte de inmigrantes, los ocurridos los pasados 18 de junio y 13 de agosto.
Durante esos dos días, decenas de subsaharianos accedieron a la zona del entrevallado o bien se encaramaron a una de las verjas durante horas, aunque fueron finalmente entregados a las autoridades marroquíes.
El juez defendía, en una primera conclusión "provisional", que el terreno comprendido entre la primera y la segunda valla "es suelo español" y, por tanto, está sujeto a su soberanía y a la aplicación de la ley.
Martín Villaseñor acudió al juzgado a declarar a comienzos de octubre del año pasado. El caso aún no ha cerrado el caso. El auto de imputación fue recurrido por el Fiscal y el Abogado del Estado y el recurso se encuentra ahora en espera de resolución en la Audiencia Provincial.
