Blas Jesús Imbroda, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, ha sido uno de los letrados que han ayudado a los venezolanos a documentar las denuncias introducidas ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Gobierno de Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad y que se abra una investigación.
Este miércoles, la Fiscalía de la CPI ha anunciado que abrirá formalmente una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, aunque, por ahora “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo”, aclaran.
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha trabajado durante años en este caso, documentando situaciones vividas por los venezolanos en los últimos años.
El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien se encuentra en España ha destacado que “Venezuela ha tenido en el letrado español Blas Jesús Imbroda un aliado incondicional para ayudar a documentar denuncias introducidas ante la Corte Penal Internacional. Nuestras palabras de reconocimiento para él”.
Imbroda conoce, a través de los venezolanos, la situación que se vive en el país sudamericano y de los presuntos delitos que se habrían cometido por parte del Gobierno venezolano.
Prisoners Defenders, a través de su cuenta de Twitter, también ha reconocido el trabajo de Imbroda. Escriben que "un letrado español eminente, co-fundador de Prisoners Defenders, decano del Ilustre Colegio de abogados de Melilla y ex Presidente del Colegio de Abogados de la Corte Penal Internacional, Blas Jesús Imbroda, ha sido artífice sine qua non Nicolás Maduro seguiría impune. Nuestra sentida enhorabuena y admiración".
Apertura de la investigación
"(La Fiscalía) ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma", destaca del fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, que estuvo de visita en Venezuela.
El caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril del 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
El tribunal internacional hizo público un informe anual en diciembre de 2020 en el que enumeraba delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
Entre los cuerpos de seguridad a los que señalaba de cometer esos delitos estaba el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).
Sin embargo, el documento firmado determina que, en el examen preliminar, previo a la apertura formal de la investigación, "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo", la "investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".
Además de ser Doctor en Derecho es Máster en Derecho Penal Internacional y fue presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional desde el 2016 al 2019.
