El presidente y diputado de Somos Melilla, Amin Azmani, ha enviado una carta al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que le pide que inicie una investigación de oficio sobre las causas estructurales y responsabilidades administrativas que han conducido a la actual situación de desabastecimiento del agua.
De la misma manera, Azmani solicita que se emita “una exigencia urgente” tanto al Gobierno como a la Ciudad Autónoma para garantizar el suministro de agua potable las 24 horas del día y que inste a las administraciones implicadas a presentar, cuanto antes, “un plan coordinado, transparente y verificable para resolver el problema estructural del agua en Melilla”.
El dirigente de la formación local asegura que los melillenses no pueden seguir así y que necesitan “soluciones, no reproches” y, “por encima de todo, que se garantice un derecho que jamás debió dejar de estar asegurado: el derecho al agua”.
“No podemos resignarnos a que el agua en Melilla siga tratándose como un lujo. Somos una ciudad española, europea y mediterránea, y como tal debemos tener garantizado el acceso pleno y continuado a un recurso básico para la vida”, asegura en su misiva.
En su carta, Azmani habla de “una grave y persistente vulneración del derecho al agua que afecta a miles de melillenses” a pesar de que “el acceso al agua potable es un derecho humano reconocido por la comunidad internacional y un servicio esencial indispensable para la dignidad, la salud y la vida, cuya garantía efectiva corresponde a los poderes públicos”.
El dirigente de Somos Melilla informa a Gabilondo de que, durante los últimos años -“y de forma especialmente grave en el presente período estival”- muchas zonas de la ciudad autónoma sufren cortes “sistemáticos” de agua corriente a partir de las 18:00 horas, lo que dificulta ducharse, cocinar o lavarse los dientes.
Se trata de una situación que viene de tiempo atrás, comenta Azmani, quien incide en que “la crisis del agua en Melilla es estructural y se remonta a décadas atrás, pero en los últimos años ha alcanzado niveles de absoluta precariedad y desesperanza”. Estos últimos meses, la planta desalinizadora ha experimentado “una interrupción total del servicio, con parada completa de todos sus módulos de producción, lo que ha afectado gravemente al suministro general de agua en la ciudad durante días”, prosigue Azmani, quien añade que a ello se suman las paradas parciales de la planta y “un constante cruce de reproches” entre la Administración local, encabezada por el presidente Juan José Imbroda, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, (CHG) dependiente del Gobierno central, sin que hasta la fecha ninguna de las partes haya garantizado una solución real, efectiva y sostenible.
La legislación
A continuación, el presidente de Somos Melilla cita varias leyes que reconocen el derecho al acceso al agua potable. En primer lugar, la resolución 64/292, del 28 de julio de 2010, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice que “el derecho al agua potable segura y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
A continuación, la directiva europea 2020/2184, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la calidad del agua destinada al consumo humano, obliga a los Estados miembros a garantizar el acceso universal al agua segura, haciendo hincapié en la necesidad de garantizar su disponibilidad constante y adecuada.
En el caso español, la Ley 14/1986, General de Sanidad, establece en su artículo 3.1 que las actuaciones de las administraciones públicas sanitarias estarán orientadas a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la garantía de condiciones que aseguren la salubridad del medio ambiente, lo que incluye, sin lugar a dudas, el suministro de agua potable. “Esta obligación, por tanto, se está vulnerando de forma sistemática en Melilla”, advierte Azmani.
A todo ello se añade la “inseguridad jurídica y técnica” de las infraestructuras hídricas de la ciudad, cita el diputado, quien admite que la desaladora, cuyas competencias fueron transferidas al Gobierno local en marzo de 2024, sufre “graves fallos operativos y daños estructurales”, entre ellos la rotura de bombas y conducciones tras un corte eléctrico, y con el pantano de las Adelfas, que tuvo una inversión de diez millones, sin funcionar nunca sin que se sepa “a ciencia cierta” el motivo.
“Y, mientras tanto, las familias melillenses almacenan agua en cubos y garrafas como si se tratara de una situación de emergencia humanitaria”, dice Azmani.
Una vez mas los políticos llegan tarde. Yo, como particular, presenté una queja al Defensor del Pueblo que fue admitida a trámite y está en curso. Igual si mas ciudadanos "se quejan" conseguimos que la investigación sea más seria y profunda, porque lo de que el Defensor solucione el problema con los políticos........es ciencia ficción.
PD. La Fiscalía, ¿de quien depende?