“Que Marín pregunte a sus compañeros de Gobierno Antonio Miranda y Francisco Villena, que saben muy bien lo que está ocurriendo”, apunta el diputado socialista. “El Gobierno del PP está muy al tanto de las graves acusaciones sobre supuestas corruptelas deportivas y ha optado por el silencio”. Así se expresaba ayer el diputado del Grupo Socialista Amin Azmani, dando un paso más en la polémica suscitada después de que, desde la televisión pública, el director-gerente de Telemelilla (TVM), acompañado de cinco árbitros, denunciasen “supuestas corruptelas, irregularidades, sobornos y actitudes racistas en la Federación Melillense de Fútbol, sostenidas con fondos públicos”.
“El consejero de Deporte, Francisco Robles, ha preferido callar en vez de responder a las exigencias de los ciudadanos y del mundo deportivo”, lamentó el socialista, quien apuntó que éste “tiene en sus manos muchos instrumentos, tales como realizar declaraciones públicas, convocar la Comisión de Deportes o el Comité de Disciplina Deportiva, para confirmar o desmentir” las acusaciones que se han vertido.
“Ayer –por el miércoles– los melillenses pudimos ver cómo va culminando el juego limpio. La Selección Española ha superado la semifinal y llega a una final del Mundial con esfuerzo, sacrificio y juego limpio”, señaló el diputado, en referencia a la victoria del combinado nacional frente a Alemania. “Esto es lo que nos gustaría decir de las competiciones de fútbol melillense, pero lamentablemente, ante la ausencia de explicaciones, tenemos serias dudas de la objetividad y transparencia del fútbol melillense”.
Y es que, tal y como recordó Azmani, “llevamos diez días de un cúmulo de denuncias de supuesta corrupción. No nos cabe la menor duda de que los deportistas melillense acuden a los campos de fútbol con ilusión y empeño de superar las competiciones, pero sí tenemos serías dudas sobre si dichas competiciones han finalizado con amaños y trampas”, reconoció.
El PP conoce las denuncias
En su alocución ante los medios, el diputado socialista rememoró que desde hace diez días, los ciudadanos han podido escuchar a través de TVM presuntas “venganzas, chantajes, amenazas, despidos improcedentes, chantajes y sobornos en comidas y cenas a árbitros para que amañen partidos con transferencias bancarias”.
Acusaciones a las que se han sumado, según el diputado, “la supuesta explotación de menores de edad, viajes particulares de amigos y familiares pagados con fondos públicos para acudir a los partidos de la selección, irregularidades en el pago de gratificaciones a directivos del Comité Técnico de Árbitros, en contra de lo establecido en los Estatutos Generales de dicho Comité, y actitudes racistas y xenófobas”.
Unas “gravísimas” acusaciones que, en cualquier otro punto del país, “hubieran generado explicaciones inmediatas, asunción de responsabilidades, dimisiones e investigaciones”, pero que, Melilla, “también es particular en esto”, habida cuenta del “silenció por parte del Gobierno local. Hemos pedido explicaciones sobre un tema que tiene trascendencia pública y la gravedad de esto es tal que las consecuencias pueden ser aún más graves”, señaló.
Pero, en lugar de explicaciones, el consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, “salió al paso realizando afirmaciones sin sentido. Marín no se ha enterado de nada, parece que algún periodista le ha preguntado y, sin saber nada de este asunto, salió a defender a Imbroda y decir que el Gobierno de la Ciudad no sabe nada”, recordó.
Azmani, sin embargo, dejó claro que el Gobierno del PP sí está al tanto de las acusaciones e invitó a Marín a preguntar sobre este asunto a los consejeros de Educación, Antonio Miranda, y al viceconsejero de Gestión de Servicios, Francisco Villena, “que sí saben mucho más de esto”.
Fiscalía, de oficio
Tal y como explicó el representante del Grupo Municipal del PSOE, en nuestro país existen leyes y ordenamiento y fiscales “que tienen que aplicar dichas leyes y hacerlas cumplir”. Por ello, agregó “que si ha habido corruptelas, irregularidades y actitudes racistas y xenófobas, que están tipificadas por el código penal, la Fiscalía puede intervenir de oficio”.
El socialista ya advirtió que su Grupo Parlamentario está esperando explicaciones y que no descarta emplear las vías necesarias, aunque estas sean extraparlamentarias. “Lo que pedimos es que Robles dé la cara públicamente porque, si no, tendrá que darla en otro sitio”, avanzó, al tiempo que señaló que “esperemos que ese sea el último recurso”.
