No es solo Marruecos, cada son más países de los que España busca apoyo para controlar los flijos de inmigración irregulares.
Estos últimos meses hemos podido ser testigos de cómo España está desarrollando sus relaciones con paíeses que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, subrayó el viernes la voluntad de España de "acercarse" a los países del Sahel para afrontar el "desafío común" de lograr una mayor "estabilidad, prosperidad y seguridad en la región".
La región del Sahel es prioridad estratégica en la acción exterior de España, que considera imprescindible coordinar la acción humanitaria y de desarrollo en países de la región para a asegurar una asistencia adecuada, una recuperación sostenible, una solución duradera al problema de las personas desplazadas y una coordinación civil-militar que garantice el acceso a la ayuda humanitaria.
En los últimos años, España ha contribuido con más de 40 millones de euros de ayuda humanitaria en Mali, Burkina Faso y Níger, detalló recientemente la secretaria de Estado de Cooperación, Ángeles Moreno, quien urgió a los demás donantes a la movilización de recursos para solventar las necesidades de financiación humanitaria en la región, ya que, este año, aún faltan por llegar más de la mitad de los fondos comprometidos.
Este find de semana la ministra visitó Mali, país que con el que han vuetlo a retomar las relaciones. Dada la inestabilidad en el norte del país, esta es una de las rutas migratorias más importantes que atraviesan miles de personas para cruzar a Argelia y ya ahí, o bien se dirigen a Marruecos o a Libia, desde toman la ruta del mar para llegar a Europa.
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, también viajó la semana pasada a Túnez, donde trató asuntos como los 700 tunecinos que hay atrapados en Melilla.
Para comprender mejor la externalización de fronteras, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) hizo público un informe esta semana en que contextualiza como desde hace más de 30 años España ha desarrolado relaciones con terceros países para buscar apoyo en el control de los flujos migratorios.
“En 1993 se construyeron las vallas de Ceuta y Melilla. Desde entonces, la externalización de fronteras de los países europeos hacia terceros países ha ido creciendo imparablemente poniendo en serio riesgo el derecho humano a solicitar asilo en un país seguro”, explican en dicho comunicado
Describen que las políticas de externalización de fronteras incluyen medidas complementarias entre sí que abarcan tanto la disuasión y la contención en tránsito como la devolución tras las llegadas. De esta forma se apoya el refuerzo de cuerpos de control y agencias de seguridad nacionales e internacionales o se firman acuerdos bilaterales o multilaterales de readmisión. Además, se instrumentaliza la cooperación con el condicionamiento de la ayuda oficial al desarrollo a la colaboración por parte de los terceros estados receptores a los intereses en materia migratoria.
Marruecos
Marruecos, relatan desde CEAR, es un socio prioritario de España en materia de control de flujos migratorios. Esta cooperación bilateral se materializa en distintas acciones, incluyendo el patrullaje marítimo conjunto, con equipos mixtos de la Guardia Civil y la Gendarmería Real activos en tareas de vigilancia, detección e interceptación de personas migrantes. El primer acuerdo entre ambos países data de febrero de 1992 y no contempla la readmisión de nacionales de Marruecos, sino que solo es aplicable a personas provenientes de terceros países, informaron.
Un año después se construyeron las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, y a lo largo de casi dos décadas diferentes episodios han provocado tensiones entre ambos países, que normalmente se han resuelto con una mayor financiación al reino alauita para el control migratorio. Esto ha propiciado que Marruecos se comprometiera a instalar concertinas en su lado de la valla fronteriza de Ceuta en septiembre de 2019. Junto a la frontera de Melilla también se pueden ver cómo el país vecino tiene colocadas unas cinco hileras de concertinas una encima de otra.
Entre los aspectos más preocupantes de la externalización de fronteras de España a Marruecos está el plazo de diez días que se da para solicitar la readmisión, ya que dificulta la identificación de necesidades especiales o el acceso a la protección internacional. “Tampoco hay ninguna referencia expresa al respeto de los derechos humanos de las personas readmitidas en Marruecos, un país que no garantiza el principio de no devolución y, por lo tanto, no es seguro para las personas refugiadas y migrantes”, alegan.
Desde CEAR advierten que son peligrosas consecuencias de las expulsiones, retornos y readmisiones hacia Marruecos, un país no seguro y de destino forzado para personas migrantes y refugiadas, el cual no garantiza el principio de no devolución.
