La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a nivel nacional insistió en la jornada de ayer en que es necesario crear un protocolo de actuación que “dé garantías jurídicas a los agentes” que trabajan los vallados fronterizos de Melilla y Ceuta, así como a los inmigrantes que intentan acceder a España de forma irregular, con el fin de evitar sucesos como el que tuvo lugar el pasado día 6 en la frontera del Tarajal, en la ciudad caballa, en la que fallecieron trece subsaharianos.
La organización de la Benemérita recordó que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, admitió el pasado jueves que la Guardia Civil utilizó material antidisturbios con carácter disuasorio. La AUGC reconoció que la comparecencia del ministro sirvió para aclarar algunos hechos importantes sobre lo ocurrido, así como para dejar patente las diversas interpretaciones que realizaron los diferentes grupos políticos con representación en el Congreso sobre la aplicación la Ley de Extranjería.
“Fernández Díaz explicó de una forma enrevesada y laberíntica el modo de proceder y lo que se ordenó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de aplicar dicha ley”, apunta el comunicado de la AUGC. “Hay que recordar las numerosas ocasiones en las que hemos avisado de que algo grave podía ocurrir si no se ponía en marcha un protocolo claro de actuación”, recalcaron.
Por ello, la asociación expresó su preocupación por “la posibilidad, más que probable” de que se dirijan las presuntas responsabilidades hacia quienes tienen la obligación de cumplir las órdenes recibidas de la cadena de mando con los medios que el Ministerio del Interior pone a su disposición, que no son otros que los agentes de la Benemérita.
Asimismo, recalcaron que les preocupa que no se analicen las responsabilidades en la planificación y desarrollo de dicha actuación, lo que ha de extenderse a los actos previos y posteriores a la realización del mismo”.
Por otro lado, la asociación pide un “redimensionamiento” de las plantillas de la Guardia Civil en ambas ciudades autónomas, a las que “debe informarse de los riesgos de su destino”. En la misma línea, reclamaron una dotación de medios materiales idóneos para un cumplimiento eficaz de su trabajo y unas “normas y órdenes claras que no sean susceptibles de ser interpretadas en cada momento o en cada servicio de forma distinta”.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, señaló en la jornada de ayer que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está "tardando en firmar” el cese del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y del delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco González Pérez, por las muertes de inmigrantes subsaharianos en la frontera del Tarajal.
Rodríguez indicó que siguen esperando a que se atienda la solicitud de destitución exigida el jueves por el PSOE tras la comparecencia del titular de Interior en el Congreso sobre los sucesos en la frontera de la ciudad caballa. En su opinión, el ministro desveló “datos gravísimos”, como la utilización de material antidisturbios o el disparo de pelotas gomas al agua. Rodríguez criticó que la política del Ministerio en las ciudades autónomas de sea “una equivocación y una improvisación con consecuencias terribles" para las personas que intentan cruzar la frontera en esa zona”.
Por otro lado, hay que recordar que el Congreso de los Diputados votará el próximo miércoles la petición de la Izquierda Plural de dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por la gestión realizada en la tragedia de Ceuta del pasado día 6, en la que murieron al menos doce inmigrantes subsaharianos.
