Melilla cerró ayer una de sus semanas más duras en materia de inmigración. Las entradas irregulares durante cinco días seguidos dejaron un balance de siete agentes de la Benemérita heridos, además de una veintena de subsaharianos lesionados y dos fallecidos, uno en territorio español y otro en Marruecos.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la ciudad autónoma considera que las cifras son “intolerables e inasumibles” y reclama medidas para que situaciones como las vividas esta semana no vuelvan a tener lugar.
El número de heridos en las filas del Instituto Armado esta semana “no sería pemitido por ninguna empresa u organización a nivel mundial”. Por ello, desde la agrupación de la Benemérita reclaman que se tomen las determinaciones oportunas.
“Rechazamos cualquier tipo de víctima. Lamentamos profundamente que el pasado jueves murieran dos inmigrantes, eran personas que buscaban un mundo mejor”, apuntaron. Asimismo, reclamaron que se evite por todos los medios los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los guardias civiles y los subsaharianos, que es en lo que suelen derivar los asaltos al perímetro fronterizo una vez que los subsaharianos se encaraman a lo alto de la valla y se disponen a poner pie en suelo español. “No podemos consentir que esto se convierta en la tónica habitual. Cada vez que hay un intento de entrada por la valla se producen heridos”, lamentaron los miembros de la AUGC en declaraciones realizadas a El Faro.
Desde la asociación recordaron que hace un año falleció un suboficial marroquí a causa de una pedrada en la cabeza cuando intentaba evitar un asalto a la frontera que separa ambos países. “Es algo que podría volver a ocurrir si la cosa no mejora. Esperamos que no se vuelva a dar nunca más una desgracia así, pero lo cierto es que, tal y como está el panorama, pueden producirse más víctimas mortales, tanto entre las fuerzas del orden de Marruecos y España como entre los subsaharianos”, agregaron.
En la misma línea, subrayaron que al “maltrato físico” que reciben los efectivos del Instituto Armado en cada intento de entrada hay que añadir el factor psicológico. “Somos las últimas víctimas en el drama de la inmigración ilegal”, apuntaron. “Sin entrar a valorar las condiciones físicas en las que terminan el servicio algunos compañeros a causa de las agresiones, hay que tener en cuenta cómo nos afecta todo esto moralmente”.
Posibles sanciones
En este sentido, la organización de agentes del Instituto Armado resaltó la “enorme presión” que soportan los guardias civiles cuando la Comandancia propone sancionar a aquéllos que no avisten pateras que se dirigen a la ciudad autónoma. “Hace que nos sintamos muy vulnerables desde el punto de vista psicológico”, afirmaron. Hay que recordar que los mandos proponen sancionar a los agentes quitándoles el complemento de productividad. Este diario pudo saber que al menos una veintena de guardias civiles han recibido esa propuesta de sanción, aunque desde la AUGC no pudieron confirmar el número, tal y como informó El Faro el pasado 22 de julio.
Todos los efectivos que se enfrentan a un posible castigo se encontraban de guardia en algunas de las garitas que hay repartidas por todo el litoral local para detectar las embarcaciones de subsaharianos que tratan de llegar a la ciudad.
Por el momento, solamente hay propuestas internas para que se apliquen estas sanciones, que consistirían en la retirada del complemento salarial F-2, que se concede a los agentes en función del trabajo desarrollado a lo largo del mes. En caso de ser castigados, los agentes afectados no percibirían este bonus, que asciende a unos 70 euros.
Desde la asociación advirtieron de que no volverán a permitir que se produzcan “castigos físicos y morales” a los efectivos de la Benemérita. “En caso de que vuelvan a repetirse, tomaremos todas las medidas que tengamos al alcance de nuestra mano”, aseveraron. Además, señalaron que las “agresiones internas”, en referencia a las posibles sanciones por parte de la Comandancia, se producen por hechos motivados por la falta de medios humanos y materiales.
“La imposibilidad de organizar correctamente los servicios no puede justificarse ni con el régimen disciplinario ni con con medidas de carácter sancionador”, protestaron.
