La Asociación Unificada de Guardias Civiles reitera a los mandos la solicitud de órdenes claras.
Representantes de la ejecutiva nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de visita en Melilla denunciaron ayer la constatación de “situaciones de posible vulneración de la ley” en las ‘devoluciones en caliente’ (el Gobierno las llama devoluciones en frontera) que practica el Instituto Armado en la ciudad.
Alberto Moya, secretario nacional de la AUGC, aseguró ayer que en Melilla “hay una posible vulneración de derechos fundamentales en todo lo que rodea a la inmigración”. En su opinión, esta situación tiene dos consecuencias inmediatas. Por un lado, responsabilidad legal y por otro, el descrédito que está sufriendo la Benemérita ante la sociedad.
Para Moya es evidente que el Gobierno central se ha quedado solo defendiendo lo que llama “devoluciones en frontera” y que el resto de los agentes sociales, incluido el Defensor del Pueblo o la Conferencia Episcopal, reconocen como ‘devoluciones en caliente’.
Esta vulneración de derechos fundamentales de los inmigrantes, que saltó a la luz pública el pasado 6 de febrero durante los trágicos sucesos de Ceuta en los que murieron 15 personas que intentaban entrar ilegalmente en la ciudad caballa, está produciendo “malestar entre los guardias civiles” porque “no tienen instrucciones claras de cómo actuar”, insistió Moya.
En línea con estas declaraciones apuntó que “hay procesos judiciales abiertos al respecto”. Se refiere al caso de la supuesta expulsión de dos menores subsaharianos tutelados por la Ciudad a través de una puerta de servicio de la valla o al hecho de que el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, haya tenido que declarar ante un juez por la devolución de 21 inmigrantes que entraron en coches ‘kamikazes’ en Melilla a primeros de 2012.
El secretario de AUGC recordó además que en mayo del año pasado la organización en Melilla solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil un protocolo de actuación en la frontera. Al no recibir respuesta, la asociación decidió elevar la petición a la Dirección General de la Benemérita, que también desestimó la solicitud.
En opinión de Moya, este protocolo no se elabora porque ni los propios mandos tienen instrucciones claras. “Si tuvieran claro lo que hay que hacer, las darían por escrito”, señaló Moya.
En principio, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles tienen meridianamente claro que “cualquier devolución de un inmigrante tiene que ir acompañada de un expediente”. Eso lo dicen tanto la Ley de Extranjería, como el acuerdo bilateral con Marruecos de 1992. Por tanto, Yamal Al-Lal, responsable de AUGC en Melilla, cree que en este caso ninguna de las dos normas entran en contradicción, por lo que el debate sobre qué prevalece, la Ley o el acuerdo, no quita razones para que se elabore un protocolo de actuación de la Guardia Civil.
Moya insistió en que “el marco jurídico actual no es confuso y establece un procedimiento de cómo actuar ante la llegada de inmigrantes. Todo está reglamentado. Otra cosa es que le estemos dando vueltas a la legislación”, recalcó.
Es por esto que la AUGC subraya la necesidad de que el Ministerio del Interior establezca “instrucciones, procedimientos y órdenes claras y precisas de cómo actuar” de manera que se garantice jurídicamente el ejercicio de las funciones de los guardias civiles.
En este punto, Moya explicó que por una parte “un guardia civil puede tener responsabilidad penal” durante esas ‘devoluciones en caliente’ y por otra, la Benemérita es un Instituto Armado de naturaleza militar, por lo que si el agente “no cumple órdenes, se enfrenta a un tribunal militar con sanciones más severas” que las que impone un tribunal normal.
AUGC destaca por último que ese protocolo que llevan casi un año reclamando también debería vincular la actuación de la Policía Nacional y Salvamento Marítimo.
