La asociación cree que el documento “nace muerto e incompleto” a causa de las numerosas lagunas que presenta.
Algo tendrá que ver la imputación del coronel Ambrosio Martín Villaseñor con la redacción del protocolo de actuación para las fronteras de Melilla y Ceuta”. Así de claro se pronunció en la jornada de ayer el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Delgado, quien consideró que la presunta comisión de un delito de prevaricación por ‘devoluciones en caliente’ por parte de este mando de la Benemérita ha influido para que el Ministerio del Interior moviera ficha y anunciara la creación del mencionado protocolo.
Delgado, en declaraciones realizadas a El Faro, apuntó que “tiene pinta” que la imputación del coronel ha sido un motivo de peso para que el Ministerio se decidiera a redactar estas directrices de actuación.
Eso sí, el portavoz de AUGC dejó claro que la asociación no está nada satisfecha con el contenido del texto, pese a que la organización lleva casi dos años reclamando su redacción. “Es una porquería”, apuntilló Delgado. “Parece que el Gobierno está más preocupado por la opinión pública y de las críticas de la prensa que de la seguridad jurídica de los guardias civiles”. En su opinión, el documento “ha nacido muerto”, entre otras cuestiones porque la cartera que dirige Jorge Fernández Díaz se ha dedicado “a tomar decisiones de manera unilateral, sin consultar a las asociaciones de agentes ni a las ONGs, sobre un tema tan sensible como el de la inmigración irregular”.
Protocolo inacabado
“Podemos decir que el protocolo está inacabado. Es más, casi ni existe”, subrayó en alusión a las lagunas y vacíos que contiene el texto, en el que no se detallan cuestiones tan básicas como el uso de material antidisturbios cuando se produce una entrada ilegal a través del perímetro. De igual modo, apuntó que el protocolo obvia todo lo referente a los accesos por vía marítima. “No era esto lo que teníamos en mente. Es de república bananera”, criticó el dirigente de la AUGC.
La asociación no tiene intención alguna de presentar propuestas o sugerencias al Gobierno para introducirlas en el protocolo, máxima cuando Interior optó por redactarlo sin consultar a ningún tipo de organización. “Sencillamente, es algo que no nos corresponde hacer. Somos una asociación, no un ministerio. Hemos estado dos años intentando levantar esta asunto, impulsarlo. Sin embargo, el documento ha resultado ser muy ambiguo, inservible. No es algo de nuestra competencia”, indició Delgado.
Seguridad para todos
Por otro lado, advirtió de que el protocolo no puede pretender dotar a los agentes de un marco jurídico sólido y definido a cambio de restarle derechos a los inmigrantes que saltan la valla, en alusión a las ‘devoluciones en caliente’ de subsaharianos a Marruecos.
En palabras del portavoz nacional de AUGC, no se pueden introducir cambios en la Ley de Extranjería que invaliden o sean contradictorias con su contenido. “Cuando un inmigrante entra en España por el perímetro hay que llevarlo a una comisaría de Policía Nacional para la apertura de un expediente de expulsión, como dice la normativa. Las devoluciones a Marruecos hacen que esa directriz ya no valga para nada y pueden ser inconstitucionales”, abundó.
En este sentido, afirmó que existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional rechace la legalidad de la enmienda a la normativa de Extranjería que pretende introducir el Ministerio del Interior.
“El Gobierno ha aprobado el protocolo al estilo ‘porque lo digo yo’ para salir del paso y protegerse de las críticas. Veremos cómo acaba la cosa después de tantas prisas”, concluyó Delgado.
