La Audiencia Nacional ha archivado la investigación sobre la muerte de dos jóvenes melillenses ametrallados supuestamente en 2013 por una patrullera de la Marina Real marroquí.
Abdeselam Ahmed, Pisly, y Amin Mohamed, Emin, fallecieron tras los disparos efectuados supuestamente desde una embarcación de la Marina Real marroquí cuando pescaban en una lancha en aguas de Punta Negri (Marruecos), el 27 de octubre del 2013.
La Audiencia Nacional llevaba años investigando esta causa, y el pasado mes de septiembre el magistrado José Luis Calama ordenó la busca y captura e ingreso en prisión de tres militares marroquíes como presuntos autores del tiroteo.
Una decisión que fue recurrida por la Fiscalía ante la Sala de lo Penal de la Audiencia, que ahora le da la razón al revocar el auto del juez y ordena además el archivo provisional de la causa, según ha adelantado “El País” y confirman a Efe fuentes jurídicas.
Uno de los elementos que llevó al juez a ordenar la búsqueda y captura de los militares marroquíes fue un documento aportado por los familiares de las víctimas en el que supuestamente se les identificaba, si bien el tribunal considera que no es suficiente para ordenar la búsqueda y captura.
Acaba así una causa que ha pasado por muchos vaivenes y en la que la Fiscalía ha pedido el archivo en varias ocasiones al considerar que no había elementos suficientes que permitan dirigir el procedimiento contra nadie.
Comenzó hace años en un juzgado de Melilla y finalmente pasó a la Audiencia Nacional, donde se han cursado varias comisiones rogatorias a Marruecos, la primera en 2014. Un año después, las autoridades del país informaron de que, tras un procedimiento sobre este asunto, se archivó “conforme al artículo 124 del Código penal marroquí, aplicable en caso de rechazo a obedecer los disparos de aviso de miembros de la Marina Real”.
Y un año después comunicaron que no procederían a ejecutar las comisiones rogatorias dado que se trataba de asuntos que podían perjudicar su soberanía, seguridad u orden público.
Lo volvió a intentar el juez, sin éxito, en 2018 y en uno de sus autos dejó constancia del “rechazo” de Marruecos a “facilitar la información” que se el requería.
Una decisión “que carece de todo sentido” y que supone “un varapalo para las familias” porque les deja “desamparados” tras “el asesinato de sus propios hijos por unos presuntos responsables que figuran en la causa como investigados desde 2014”, asegura Pedro Díaz, abogado del despacho ILOCAD, que actúa en su defensa.
Además, critica que con el fallo decaen las órdenes europeas de detención e ingreso en prisión, por lo que “se les está diciendo a los familiares que los supuestos sospechosos no pueden ser traídos al procedimiento judicial español pese a que han sido citados a declarar y no se han personado, por lo que en un supuesto hipotético los presuntos asesinos podrían venir de vacaciones a Madrid y no se les podría poner a disposición judicial”
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