La Dirección General de la Guardia Civil ha autorizado los desplazamientos del personal de la Benemérita entre su residencia oficial o habitual y el domicilio donde reside con su núcleo familiar. La noticia ha caído, en casi todo el país, como agua de mayo. Y digo en casi toda España porque de Melilla no está claro que estos agentes ni los de la Policía Nacional o los militares destinados en nuestra ciudad puedan salir, entre otras cosas porque el regreso les puede salir por un ojo de la cara.
¿Os parece normal que una naviera pida más de 858 euros por un billete de ida y vuelta Málaga-Melilla? ¿Estamos locos? ¿Por qué si somos tan españoles como los malagueños, a ellos el autobús a Granada les cuesta 12 euros y nosotros casi nos tenemos que dejar el salario mínimo interprofesional (950 euros) en el barco? ¿Ha dejado de ser esta línea de interés público?
Claro que hay trayectos más baratos, un billete de ida Melilla-Almería para mañana sábado sale por 135 euros con camarote incluido. Ojo, sólo ida. ¿Alguien cree que esto es una ganga? A mí no me lo parece. Y por eso me pregunto ¿qué esperan las autoridades para pronunciarse?
Me parece descabellado que salir de Melilla, después de tres meses de confinamiento, se tenga que hacer a precios prohibitivos. Eso sería casi lo mismo que aceptar que con el Gobierno de Pedro Sánchez estamos atrapados en África, entre la valla y el mar.
Esto es, sin dudas, un efecto colateral no sólo del estado de alarma que ha arruinado a las navieras sino además del contrato marítimo a coste cero para la Administración. Al Estado le salió gratis la jugada, pero a nosotros no. Somos los melillenses de a pie, los que viajamos compartiendo camarotes, quienes al final estamos pagando el pato.
Esos precios que se pueden consultar en las webs de las navieras son indecentes y con esto no ataco a las compañías. De ninguna manera. Son empresas y tienen que velar por su rentabilidad. Traer el barco medio vacío desde Málaga tiene su coste y por tanto es el Gobierno central el que debe garantizar que los precios se correspondan con los topes marcados en el contrato marítimo prorrogado y que las navieras no vayan directo a la ruina con cada trayecto. ¿O es que no existen ya esos límites ni la obligatoriedad de compensar las pérdidas de un servicio no rentable que se presta por su interés público?
Ninguno de los políticos de esta ciudad que cuando estaba en la oposición se desgañitaba criticando la mala gestión del Gobierno de Imbroda sobre la conexión marítima con la península, ha dado ahora la cara. Por sus actos los conoceréis. Están haciendo buenos a sus predecesores.
Por cierto, las aguas andan revueltas desde que Aberchán desveló supuestos contactos del PP con CpM para gobernar en la ciudad. No sé quién se ha sorprendido con la noticia. Esa alianza ya ha existido no como pacto sino con apoyos puntuales en alguna legislatura aunque los populares se den prisa en desmentirlo.
De todo se ha hablado en esta ciudad: de una posible alianza PP-PSOE; de un gobierno CpM-PSOE-Delgado Aboy… Todas las combinaciones posibles tienen credibilidad en los mentideros políticos menos la que actualmente tiene el control de la Asamblea.
Somos muchos los que creemos, como San Ignacio, que en tiempos de desolación lo mejor es no hacer mudanzas. Pero también es cierto que no tiene mucho sentido apostar por la estabilidad de un tripartito que da la sensación de estar paralizado. Todo lo que anuncia es para dentro de dos o más meses. ¿Y hoy? ¿Qué tienen para hoy? Na-da. Absolutamente nada. Y eso es preocupante.
Sobre todo porque ya casi cumplen un año en el Palacio de la Asamblea y nadie en su sano juicio puede decir que se notan cambios en la forma de gobernar. En lo único que hemos notado sonadas modificaciones es en las nóminas que perciben determinados políticos y en el excesivo número de cargos públicos incorporados a la administración. Más gente que antes chupa del bote. Es una realidad. Y eso, en ningún caso se ha traducido en una mejora de la gestión. Los ciudadanos tomamos nota: los gobiernos de coalición nos salen muy caros.
Pero volviendo al barco, me pregunto qué piensa la Delegación del Gobierno sobre los precios abusivos de las navieras. ¿Ha habido contactos con las compañías? ¿Hemos hecho alguna consulta al ministro Ábalos? ¿Tenemos una idea más o menos clara de cuándo se estabilizarán los precios? Sabrina Moh no puede seguir de perfil ante este problema que afecta al bolsillo de los contribuyentes. Somos españoles y como tal queremos ser tratados. No podemos permitir que nos traten como ciudadanos de segunda. Con eso, a estas alturas, no vamos ni podemos tragar.
