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Una de las noticias del día de ayer fue la intervención del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, en un programa de una televisión de ámbito nacional.
En la entrevista, el jefe del Ejecutivo local trató varios de los temas que más interesan a nivel estatal, es decir, la gestión de la frontera y el asunto de los menores extranjeros no acompañados tutelados por el Gobierno melillense.
El primero de ellos es, sin duda, una cuestión candente, a causa de la valla que rodea la ciudad con el objetivo de frenar la inmigración irregular. Este hecho está siendo comparado por muchos con la intención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir con el mismo objetivo un muro entre su país y México, un proyecto que el Estado latinoamericano rechaza por dos razones de peso.
En primer lugar, por mostrarse contrario a esos métodos; y, en segundo, porque el siempre polémico Trump pretende que sea el gobierno mexicano el que corra con los gastos de sus discutibles planes.
Imbroda afirmó que lo ocurrido entre los dos países americanos es “diferente” a la situación que se vive en la frontera melillense, donde la valla se levantó tras el “acuerdo” entre España y Marruecos. En cambio, Estados Unidos y México están muy lejos de alcanzar pactos en cuestiones de frontera e inmigración.
El presidente de Melilla hizo asimismo un importante apunte sobre la llegada de migrantes económicos de origen subsahariano a los alrededores de nuestra ciudad con la intención de saltar la valla. Imbroda señaló que lo único que se puede hacer para frenar la inmigración irregular es proporcionar ayuda a los países de los que proceden para mejorar su situación.
El jefe del Gobierno local también habló de la situación de los menores extranjeros en Melilla, pues el Ejecutivo que dirige acoge a casi 600. El presidente subrayó que la Ciudad está “desbordada” ante esta situación, por lo que exigió la implicación de Marruecos a la hora de resolver este problema.
Como ya se ha apuntado, la frontera y los menores extranjeros son asuntos de Estado y, como tales, el Gobierno de la Nación ha de dotar a la Ciudad de los medios necesarios para afrontarlos.
