La Asociación Marroquí de Derechos Humanos-Sección Nador (AMDH) pide que no haya "un ensañamiento judicial" contra los inmigrantes que intentaron saltar la valla de Melilla el pasado 24 de junio.
En un comunicado, explican que 47 refugiados y solicitantes de asilo han sido condenados por el Tribunal de Primera Instancia de Nador tras haber sido detenidos tras dicho intento de salto.
Señalan que un primer grupo de 33 refugiados, la mayoría sudaneses, ha sido condenado a 11 meses de prisión firme el pasado julio. Un segundo grupo de 14 ha sido condenado a ocho meses de prisión firme el 4 de agosto.
Este hostigamiento judicial es la continuación de la represión que sufren los migrantes y refugiados desde la terrible tragedia del 24 de junio. Estos procesos
expeditivos, donde sólo una versión de los hechos parece dominar, constituyen una criminalización de migración y asilo", aseguran desde la asociación.
Critican que "esta espiral judicial" seguirá el próximo 17 de agosto con una audiencia para un grupo de 28 refugiados en la Cámara Criminal cerca de la Corte de Apelación de Nador.
"Esta ola de arrestos, procesamientos y condenas, sin precedentes, constituye una peligrosa escalada contra la ley inmigrantes y refugiados en Marruecos y es contrario a la Convención de Ginebra sobre los refugiados cuya Marruecos ha firmado", subrayan.
Sobre esto, la asociación señala que "tras años marcados por el peinado de campamentos de migrantes, arrestos en grandes ciudades, desplazamientos forzados al interior del país, el estado marroquí está cambiando a toda velocidad a través de represión judicial basada en simulacros de caso de Corte".
"El principal crimen de los refugiados: la búsqueda de una vida mejor, huyendo de las guerras y de la crisis económica, sociales y climáticos de sus países. Estos jóvenes africanos se han enfrentado a la violencia en las fronteras", recalcan.
Es por ello que condena los primeros juicios y exigen que finalicen las persecuciones judiciales contra los refugiados que estuvieron en el 24J. "Exigimos juicios justos para los refugiados y migrantes procesados bajo el marco del negocio, con experiencia médica y segundas opiniones médicas para pronunciarse sobre la verdaderas víctimas de esta tragedia, así como las presencia de testigos del lado de los refugiados".
Así pues, piden la apertura de una investigación judicial independiente tanto en España como en Marruecos y que se ponga fin "a las políticas criminales financiadas por la Unión Europea y sus numerosos cómplices, los estados y ciertas organizaciones internacionales y de la sociedad civil que aseguran el mantenimiento de estas políticas".
Me ha sorprendido que en Marruecos exista una Asociación de Derechos Humanos, y no defienda las libertades de opinión , pensamiento y actuación de sus propios pueblo. Claro que ante la opinión internacional siempre es bueno aparentar ser un país democrático.