Para que puedan aportar su valoración de las decisiones comunitarias en las dos ciudades. La senadora del PP por Ceuta, Luz Elena Sanín, pidió ayer en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, la inclusión de los Gobiernos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en la "participación y comparecencias" ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea.
La enmienda propuesta y defendida hoy en la Cámara Alta por la senadora del PP por Ceuta fue aprobada con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios, durante la tramitación de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 8/1994, por la que se regula la Comisión Mixta para la Unión Europea, para reforzar las funciones asignadas a dicha Comisión Mixta, según un comunicado del PP.
Dicha enmienda pretende completar el Capítulo cuarto, artículo 10º, referido a la regulación de la participación y comparecencia de los Gobiernos Autonómicos ante la Comisión Mixta para la Unión Europea y a la que se habrá de incluir a los Gobiernos de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con estatuto propio.
Durante su intervención, Luz Elena Sanín recordó que el Tratado de Lisboa ha venido a dar un vuelco profundo a la UE, a sus instituciones, a sus competencias, otorgando un papel muy importante a los parlamentos nacionales y autónomos a los que se les exige una contribución activa en el buen funcionamiento de la UE.
Así, explicó que entre los fines de mayor calado de dicho tratado está la declaración de "acercar la UE a los ciudadanos", objetivo que sólo puede alcanzarse a través de sus legítimos representantes en el Parlamento Nacional, en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades Autónomas con estatuto propio.
Sanín, en un momento de su intervención, indicó que "ambas ciudades autónomas deben gozar de las mismas prerrogativas que el resto de las Comunidades Autónomas, a la hora de participar en la construcción de esta nueva Europa, y de comparecer a través de sus legítimos representantes ante la Comisión mixta de la UE".
Con esta iniciativa se persigue que puedan "informar sobre el impacto que pueda tener, en su territorio o sobre la materia en la que ostenten algún tipo de competencias, la normativa de las instituciones de la UE, las propuestas de actos legislativos u otros documentos emanados de instituciones europeas".
