En los tomos del procedimiento no aparece el auto que autorizaba las escuchas telefónicas
La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla ha dictado la nulidad de todas las pruebas contra cinco acusados de un delito contra la salud públicas. Esto ha sucedido después de que los letrados de la defensa pusieran de manifiesto hace una semana, cuando estaba previsto que se celebrase el juicio, que en el procedimiento no constaba el auto judicial que autorizaba las escuchas telefónicas. En consecuencia, los juristas solicitaron que se declarasen nulas las pruebas derivadas de las intervenciones telefónicas, que fueron clave para que la Guardia Civil cazase a los encausados trasladando 30 kilos de hachís. La magistrada, tras comprobar que el citado documento no aparecía en ninguno de los diez tomos que conforman la causa, no tuvo más remedio que acceder a la petición de los abogados.
Los cinco encausados se enfrentaban a la petición de condena de la Fiscalía de Melilla, que reclamaba para cada uno de ellos cuatro años y medio de prisión. De acuerdo con lo expuesto en su escrito acusatorio, al que ha podido acceder El Faro, entre los días 22 de enero y 2 de febrero de 2010, dos de los procesados mantuvieron numerosas conversaciones telefónicas para preparar una entrega de hachís. Esta se llevaría a cabo en la ciudad de Sevilla, como pudo saber la Guardia Civil gracias a las escuchas que han sido anuladas.
La entrega de droga
Según sostiene el Ministerio Público, el 2 de febrero de 2010, sobre las 10:00 horas, uno de los encausados recogió en el aeropuerto de Málaga a otros dos investigados. Posteriormente se iban a reunir con otro de los procesados, que viajaba en otro vehículo.
Al día siguiente, siempre según la acusación, cuatro de los acusados se dirigieron sobre las 20:00 horas a la explanada de la gasolinera CEPSA situada en la Carretera de la Esclusa, en la zona de Tablada (Sevilla). Los procesados se desplazaron hasta el punto en el que iban a llevar a cabo la entrega de droga en automóviles alquilados.
Minutos antes de la detención, la Guardia Civil escuchó una conversación entre dos de los procesados, donde uno le indicaba al otro cómo tenía que llegar al lugar en el que tenía que dejar los 30 kilos de hachís.
Una vez en la explanada, tres individuos se bajaron de dos vehículos y, mientras uno de ellos se montó en un ciclomotor conducido por otra persona, los otros dos acusados hicieron un intercambio de llaves y de automóviles. Cuando pretendían marcharse, los agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el punto de encuentro.
Uno de los procesados fue detenido in situ, en el interior del coche. Otro agente inició una persecución a pie tras uno de los implicados que se encontraba en la explanada y que intentó huir en dirección al polígono industrial próximo a la gasolinera, siempre según lo expuesto en el escrito de la fiscal.
Asimismo, otros dos funcionarios, uno a pie y otro en vehículo, se unieron a la persecución de otros dos procesados que salieron de los automóviles en dirección a la barriada Los Remedios, en Sevilla.
Según la versión del Ministerio Público, uno de los implicados logró escapar de los agentes, aunque otros dos sí fueron alcanzados.
Tras el registro policial, los agentes descubrieron que en el interior del maletero de uno de los vehículos alquilados había una bolsa de deporte de grandes dimensiones. Dentro hallaron 60 paquetes de hachís envueltos en papel de aluminio. Sumaban 29.779 gramos netos de cannabis sativa, valorados en 43.283 euros.
En consecuencia, la fiscal solicitaba cuatro años y medio para los cinco procesados, además de reclamar multas de 120.000 euros. Sin embargo, de no presentarse un recurso de apelación contra la resolución de la titular del Juzgado de lo Penal 2, la causa será archivada.
