La sección de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos ha alertado de que “la crisis y el sufrimiento” continúa para miles de trabajadores y trabajadoras marroquíes que tenían su empleo en Melilla o vivían del comercio transfronterizo “en medio de la indiferencia de las autoridades”. Aseguran que estas cerraron la frontera arrojando a este colectivo “a lo desconocido, al desempleo, a la pobreza y la privación atentando contra todas las ganancias acumuladas durante los años de su trabajo en Melilla y sin encontrar alternativas reales que les garantice una vida digna”, manifestaron a través de un comunicado. Continúan explicando que “en cambio, los funcionarios se apresuraron a dar a conocer algunos proyectos protésicos que no podían constituir una alternativa adecuada” y que las autoridades “evitaron que tuviesen lugar las protestas pacíficas y obstaculizaron cualquier intento de organización y coordinación entre todos los grupos afectados para defender sus intereses en una flagrante violación del derecho a protestar y organizarse”. Además, aseguran que las autoridades siguen impidiendo a los vendedores callejeros trabajen “agrediendolos reiteradamente, incautando sus bienes, deteniendo y utilizando la violencia contra algunos de ellos por parte de algunos agentes de la autoridad”, que según explica la AMDH, lo hacen fuera de la jurisdicción legalmente asignada y en ausencia de personal de la policía administrativa con un flagrante asalto a su integridad física, especialmente en Nador los partidarios de Wazingen y afirman que se pasa por alto a otros vendedores ambulantes, como es el caso del barrio Ar-Sheikh del Primer Distrito Urbano. Por ello, desde la sección de Nador de la AMDH quieren alertar de “la exacerbación de la crisis económica y social y sus repercusiones negativas en grandes grupos de la población de Nador debido a las decisiones impopulares de las autoridades que apuntaron al sector comercial, que constituye la columna vertebral de la economía local”. También denuncia la focalización de los funcionarios en todos estos grupos y su dilaciones injustificadas en la búsqueda de soluciones adecuadas a su sufrimiento. Así pues, piden urgentemente a todos los funcionarios, a nivel local y nacional, que aceleren la apertura del diálogo con estos grupos y encuentren soluciones adecuadas que les permitan volver a su trabajo y asegurar su sustento lejos de cualquier explotación electoral. Por otro lado, denuncian que las autoridades regionales de Nador continúan deteniendo a decenas de menores y jóvenes marroquíes dentro de la escuela secundaria habilitada en Beni Chikr bajo la escolta de miembros de las Fuerzas Auxiliares durante varias semanas “fuera de todo control judicial, a pesar de que no cometieron ninguna violación en clara violación de las leyes nacionales y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Marruecos”. “Según los testimonios obtenidos por la filial de la asociación, estos menores y jóvenes son objeto de violencia dentro de este centro y durante su detención y traslado a él por parte de miembros de la fuerza pública, además de muchas otras infracciones, entre ellas la desnutrición y el consumo de drogas frente a los menores por parte de los guardias, despojar a algunos detenidos de la ropa y sacarlos a la carretera para su deportación arbitraria a Casablanca”, aseguran. Por lo tanto, la rama de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, “condena el trato opresivo de las autoridades a este colectivo que merece protección y teniendo en cuenta sus mejores intereses” y pide a los funcionarios que abran “una investigación honesta sobre las graves violaciones que se practican dentro de este centro ilegal y que aceleren su cierre y dejen de jugar el papel de gendarme al servicio de las políticas españolas en el terreno de inmigración y garanticen el derecho de circulación de todos los marroquíes dentro de todo el territorio nacional”. La asociación también subrayan que las autoridades de Melilla se negaron a inscribir a muchos niños de origen marroquí que residen en esta ciudad en las escuelas para realizar sus estudios, lo que valoran como “una decisión racista que atenta contra el derecho a la educación, que el Estado debe garantizar en el nivel primario de conformidad con las leyes españolas y las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño”. “Ante la gravedad de esta decisión, que no afectó únicamente a niños de origen marroquí, la filial de la asociación hace un llamamiento a las autoridades de Melilla para que respondan de inmediato a las demandas de estos niños de continuar sus estudios y hace un llamado a todas las asociaciones españolas de derechos humanos a abogar por la educación de estos niños”, expresaron.