Las principales ONG de refugio, migración, derechos humanos y cooperación han reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que ponga fin a las "devoluciones en caliente", una práctica que, según recuerdan, está prohibida por el derecho internacional y supone "una grave vulneración de los derechos humanos".
Con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra mañana, estas nueve organizaciones agrupadas en la alianza "Derechos en las Fronteras" han recordado en un comunicado que el jefe del ejecutivo se comprometió a poner fin a este "abuso" con la derogación urgente de la disposición incluida en la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende dar cobertura legal a las devoluciones sumarias.
Sin embargo, han lamentado que en los seis meses de Gobierno de Sánchez se han seguido llevando a cabo tanto devoluciones sumarias como devoluciones exprés en aplicación del Acuerdo de readmisión entre España y Marruecos de 1992.
Garantizar la protección de derechos
"En ninguno de los dos casos se garantiza que se protegen los derechos que asisten a estas personas", han advertido las ONG, que han recordado que las devoluciones sumarias se llevan a cabo sin las debidas garantías, porque las personas no tienen acceso a procedimientos individualizados de asilo.
En cuanto a las devoluciones exprés, reconocen que sí se realizan tras acceder a procedimientos individuales pero "difícilmente puede asegurarse el acceso a todas las garantías, a una asistencia letrada y de intérprete en condiciones adecuadas, así como a una identificación apropiada de potenciales solicitantes de asilo, o miembros de colectivos con necesidades específicas".
El Estado español -consideran- tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, implementando todas las medidas necesarias para la correcta la atención, identificación y acogida en sus fronteras.
"Mantener esta práctica de las devoluciones sumarias supone una vulneración del principio de no devolución, y puede además, infligir un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan la frontera, y poner en riesgo su vida, su integridad o su libertad", han advertido.
Han recordado que España ha firmado el Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular que, aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar estos derechos a todas las personas, "sin discriminación alguna y propiciar vías seguras para la migración".
Por eso, han reclamado al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, en la reforma de la conocida como Ley Mordaza que se debate en el Congreso de los Diputados, se derogue la disposición final primera, así como la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería "como un primer paso para hacer realidad estos compromisos y parar la práctica de las devoluciones ilegales en frontera".
Las organizaciones que firman el comunicado conjunto son Amnistía Internacional, Ayuda en Acción, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Fundación Cepaim, Fundación Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón y Red Acoge.
