La abogacía exige la derogación de la ley pues, esta modificación “no resuelve el ataque contra el derecho de acceso a la Justicia”. Tras la reunión entre la Defensora del Pueblo y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por el que éste anunció algunas reformas y modificaciones en la Ley de Tasas Judiciales, el Colegio de Abogados de Melilla rechazó esta postura pues su reivindicación sigue siendo que esta ley se derogue. Para los abogados melillenses, estos cambios anunciados “no resuelven el ataque contra el derecho de acceso a la Justicia que ha supuesto la aprobación de la Ley de Tasas”.
Por ello, el Colegio de Abogados melillense se sumó al manifiesto del Consejo General de la Abogacía Española en el que critica, por una parte, que los cambios anunciados no modifican la cuantía fija de las tasas, de hasta 1.200 euros, ni el ámbito de aplicación de la ley, que mantiene la inclusión de las personas físicas. “Tampoco modifican el hecho imponible ni las exenciones ni introducen supuestos de no sujeción. En suma, la Ley de Tasas seguirá vigente y adoleciendo de los defectos técnicos que se denuncian desde que comenzó a tramitarse”, afirmaron en nota de prensa.
“La reducción de las tasas a abonar por la vía de reducir el variable determinará que, en la mayor crisis de los tiempos recientes, siga sin atenderse a la real capacidad económica de los ciudadanos, que seguirán obligados, en su caso, a abonar hasta 2.800 euros por presentar un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación civil”, lamentó el Colegio de Abogados de Melilla.
La pretendida corrección del ámbito subjetivo de la Ley de Tasas a través de la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (1/1996) es, según la Abogacía Española, “una mala decisión legislativa, ya que al exigirse el pago de la tasa a todo aquel que no tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita se está impidiendo el acceso a los tribunales, lo que es inadmisible en un Estado de Derecho e incompatible con la defensa de los derechos de los ciudadanos”.
Por otra parte, la decisión de devolver la tasa a los nuevos beneficiarios de la justicia gratuita es “insuficiente, ya que debería extenderse a todos aquellos que han abonado unas tasas que ahora el Ministerio reconoce como excesivas y desproporcionadas”, añadieron.
Por último, el Colegio de Abogados de Melilla insistió en que las medidas anunciadas son “insuficientes” y reiteró su petición de que se suspenda la aplicación de la Ley de Tasas y que ésta se derogue. Además, siguen reivindicando al Ministerio de Justicia que abra un período de diálogo y negociación “con todos los operadores jurídicos que, de haberse producido en su momento, habría evitado el atropello de los derechos constitucionales de los ciudadanos”, argumentaron los abogados melillenses.
