Amnistía Internacional pone como ejemplo las sufridas por el belga de origen melillense Ali Aarra.
La tortura y los malos tratos son "una realidad en la práctica" en las comisarías y centros de detención de Marruecos y el Sáhara Occidental y por lo general quedan impunes, denunció ayer en Rabat Amnistía Internacional (AI) al presentar el informe mundial sobre la tortura.
Marruecos ha sido (con México, Nigeria, Filipinas y Uzbekistán) uno de los países elegidos en este informe de 2014 para tratar en profundidad la práctica de tortura, y los responsables de AI lo justificaron porque el país magrebí, inmerso en una política de reformas, "tiene una ocasión sin precedentes para acabar con este fenómeno".
Entre los ejemplos que menciona la organización habla, por ejemplo, del caso de Ali Aarras. Al respecto señala que la Ley Antiterrorista ha permitido que el belga originario de Melilla sufriera torturas en un centro secreto de un servicio de espionaje, y aunque Aarrás las ha denunciado en varias ocasiones, sólo logró una investigación médica ordenada oficialmente, que según AI estaba “lejos de adecuarse a las normas internacionales”.
La tortura es practicada en toda clase de centros de detención policial (y no tanto en las cárceles), principalmente para arrancar confesiones que luego son utilizadas como prueba judicial, y las denuncias casi nunca tienen seguimiento judicial, lo que crea “condiciones propicias” para que la tortura siga existiendo, señala el texto.
Entre las modalidades de tortura más utilizadas se citan los golpes, la suspensión del detenido por sus muñecas, la introducción de su cabeza en el urinario, la violación con botellas u otros objetos y los largos periodos de aislamiento.
Amnistía ha denunciado casos concretos de tortura por canales oficiales, pero “raros son los casos en los que se han ordenado exámenes médicos o informes; en consecuencia, la impunidad sigue bien enraizada y los autores de estos actos continúan escapando a la Justicia”, reza el informe en la parte dedicada a Marruecos.
La organización critica la Ley Antiterrorista aprobada en 2003 por permitir una detención preventiva de doce días, seis de ellos sin derecho del sospechoso a ver a su abogado, lo que ha multiplicado desde entonces las denuncias por torturas, y también recuerda que en este periodo se han reportado casos de detenciones en centros secretos.
En sus conclusiones, AI recomienda a Marruecos respetar las convenciones internacionales y sus propias leyes (que prohíben expresamente la tortura), poniendo fin a la detención secreta, garantizando la asistencia de un abogado desde el primer momento de la detención, investigando las denuncias por tortura y concediendo indemnizaciones si ésta queda probada.
