El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, alertaba ayer sobre la posibilidad de que en poco más de tres meses la planta desalinizadora de Melilla cierre y nos quedemos sin agua. Además, el dirigente político advertía de que no existía un plan B para compensar el suministro de agua que produce la planta.
Parece ser que el contrato con la compañía responsable de la desaladora expira en junio y no habría tiempo ni para sacar la licitación de la ampliación del ansiado cuarto módulo, ni tampoco para poder llevar a la vez el servicio. Podría ser que la actual adjudicataria del servicio siga gestionando la infraestructura pero aún nadie se ha sentado a hablar con la empresa.
Además, los tiempos políticos no acompañan a que se encuentre una solución rápida al problema. Hasta después de las elecciones generales no habrá nuevo inquilino en Moncloa y hay desconfianza en que un Gobierno en funciones impulse los trámites necesarios para solventar la papeleta.
El objetivo del Gobierno local era lograr reducir el consumo de agua en Melilla y además aumentar el abastecimiento gracias a la ampliación de la planta. El plazo marcado era 2020, pero este año, tras el cambio del Gobierno central, no se han dado los pasos necesarios para avanzar . El 7 de junio era la fecha señalada para comenzar las obras y todo son incertidumbres.
Los pasados días sufrimos un corte en el suministro de agua, debido a un temporal que atascó los filtros de la desaladora, un incidente puntual, un fastidio para lo ciudadanos pero sin mayores consecuencias.
Ahora, lo que plantea Gobierno regional es la posibilidad de que la desaladora cierre, lo que si sería un verdadero problema para la ciudad.
Los responsables de la gestión de la planta tienen que ponerse a trabajar ya para evitar que esta situación pueda llegar a producirse, Melilla no se lo merece.
