No tiene ningún sentido tratar de buscar alguna justificación para la agresión sufrida ayer por una auxiliar de Enfermería a manos de un paciente porque, sencillamente, se trata de un acto absurdo, irracional, incivilizado y reprobable.
Si ese usuario de la Sanidad Pública tenía alguna razón para estar molesto por la atención o el trato recibido, perdió todo derecho a la crítica o la denuncia cuando agredió verbalmente a la sanitaria y, sobre todo, una vez que la atacó físicamente. Desde ese momento, todos los argumentos del paciente pierden todo su peso y sólo tienen valor los que le señalan a él mismo como un individuo que ni siquiera merece recibir la atención médica de un veterinario.
Todo esto, si damos por hecho que el usuario estaba molesto por el servicio que ofrece el Ingesa en Melilla. Si ni siquiera éste era el caso, si simplemente ésa es su forma de actuar, si es su comportamiento habitual en sociedad, entonces su conducta es totalmente incalificable. De cualquier forma, sea de una manera u otra, deberá ser un juez el que establezca el nivel de gravedad de su actuación y dicte la correspondiente sentencia, un castigo que además de justo tendría que ser ejemplarizante para cualquier otro ‘salvaje’ que pretenda desenvolverse con los mismos usos por las instalaciones sanitarias de nuestra ciudad o cualquier otras dependencias públicas donde siempre deben imperar las más elementales reglas de ciudadanía y urbanidad.
Por desgracia, el suceso ocurrido ayer no es el primero ni es la única agresión que sufren las auxiliares de Enfermería. Además de los ataques verbales o físicos, estas profesionales también son víctimas de otro tipo de ‘agresiones’ de carácter laboral. En este grupo se encuentran muchas de las sanitarias que, por ejemplo, desarrollan su trabajo en la Residencia de Mayores. Vienen denunciando públicamente a través de los medios de comunicación y lo harán este mes a través de cuatro concentraciones a las puertas de ese centro, los “contratos precarios” de los que son ‘víctimas’. Critican, entre otras cosas, que en algunos casos sólo son contratadas durante nueve días al mes, que su salario por ese trabajo es de 130 euros y que durante el tiempo que transcurre desde que reciben la noticia de su contratación hasta que ésta se produce no pueden optar a otro empleo con mejores condiciones laborales.
Desde luego, esta clase de ‘agresiones’ no es comparable a la sufrida por la auxiliar de Enfermería atacada ayer por un paciente, pero no por ello carecen de gravedad. De hecho, no sólo afectan a la propia sanitaria, a su carrera profesional, a sus opciones laborales... sino que también se ven perjudicadas por estas prácticas del Imserso sus propias familias dado que es imposible cualquier tipo de planificación, sus planes de futuro ya que carecen de una mínima estabilidad económica y sus pacientes puesto que la calidad de la atención que éstos reciben puede verse afectada por el constante trasiego de profesionales que no terminan de cubrir de manera definitiva las vacantes existentes.
