La gestión de la atención a los menores extranjeros no acompañados que están en la ciudad sigue generando polémica. Coalición por Melilla (CpM) respondió ayer a las declaraciones que había hecho el jueves el presidente melillense, Juan José Imbroda, que había considerado una “canallada” que el líder del principal partido de la oposición, Mustafa Aberchán, hubiera puesto en duda la seguridad de los jóvenes que están acogidos en Melilla, desués del fallecimiento de un chaval del centro de infractores. Para los cepemistas, la “canallada” es que la situación “haya ido a peor”.
La diputada por CpM Dunia Almansouri criticó tanto la actitud del presidente de la Ciudad como del consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura y consideró que sería mejor que los centros de menores fueran gestionados por ONG. Insistió, una vez más, en que el Estado tiene que hacerse cargo de las competencias en materia de menores.
Desde luego que no es tarea fácil la gestión de la acogida de estos chavales. Para el consejero de Bienestar Social, la Ciudad llega “hasta donde puede” en la atención de los menores.
En esta línea de mejora, Ventura informó a El Faro de que, para agilizar los trámites, la Fiscalía de Menores podrá autorizar por teléfono que se hagan pruebas de edad a jóvenes en casos urgentes en los que haya una duda razonables de que los chavales puedan tener más de 18 años.
En el resto de casos en los que no haya tanta urgencia, se seguirá el procedimiento habitual: la autorización por escrito por parte de la Fiscalía y, en un periodo de entre 24 y 48 horas, se obtienen los resultados de los test oseométricos. Para Ventura, así se evitará que menores y adultos convivan en el mismo espacio. Se trata de un pequeño paso que ayudará a abordar un asunto tan complejo y que necesita de la implicación de muchas más partes para lograr el principal objetivo: que estos muchachos se encuentren lo mejor posible.
