Samira (nombre ficticio) está llamada a declarar hoy en los juzgados de Melilla en calidad de ‘investigada’, como se ha conocido toda la vida, imputada. Residente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), se le acusa de participar en el motín del centro el pasado 26 de agosto.
Explica que no tiene abogado “porque no se lo puede pagar” y cuando es preguntada por el abogado de oficio que se suele poner en estos casos, asegura que no conoce esa opción. Añade que la abogada del propio CETI ha rechazado defenderla.
Originaria de Siria, llegó a Melilla en febrero con su marido y sus dos hijos para evitar que estos muriesen en la guerra, relata, ya que ya perdió uno. Ahora está preocupada porque , según cuenta, los responsables del centro le han dicho que no van a salir de ahí y que la salida a la península está bloqueada.
Sin tener muy claro qué debe hacer cuando se presente ante el juez y qué podrá pasar. Dice que a primera hora saldrá del CETI para ir a los juzgados, pues si no acude, tal y como está escrito en la citación judicial, será detenida.
Motín
El pasado 26 de agosto, unos 200 residentes del CETI de Melilla se amotinaron pidiendo la salida hacia la península. El centro, que doblaba su capacidad, había sido confinado al completo después de que la tercera semana de agosto se detectase el primer caso positivo de coronavirus en una de sus residentes.
La tensión fue en aumento y el lunes después de ser confinados comenzaron a manifestarse en la puerta del centro. Así siguió el martes y en la manifestación del miércoles ya se podía observar que la tensión iba en aumento. Ese día, alrededor del mediodía comenzó el motín. Los trabajadores se quedaron atrapados adentro durante un tiempo, comenzaron a llover piedras y todo tipo de objetos. Para controlar la situación, se presentaron en el lugar un total de 13 patrullas de la Guardia Civil, de la Jefatura Superior de Policía y de la Policía Local).
Este se saldó finalmente con 33 detenidos ese mismo día y luego un más, que estaba en busca y captura, según pudo saber El Faro.
La noticia no acabó ahí, porque días más tarde, fuentes del sindicato ACAIP-UGT del centro penitenciario de Melilla han querido mostrar su preocupación al no tener constancia de que se les haya realizado la prueba PCR a los 33 detenidos por el conato de motín del CETI el pasado miércoles. Explican que tanto los funcionarios como los presos tienen el temor a una posible transmisión del virus en el centro. Expresan que “es un riesgo brutal” introducir a 33 personas sin medidas sanitarias que vienen de un lugar donde hay un brote de ocho contagiados y 200 aislados por ser contactos directos. Además, aunque estos hayan sido trasladados a distintos módulos de la prisión para que pasen la cuarentena, “es imposible” evitar el contacto con los funcionarios, educadores, sanitarios y así todos los trabajadores que pasan por el lugar. Y así fue, surgió un brote de coronavirus entre los presos del motín.
Ahora están siendo llamados a declarar para un juicio rápido. El mayor temor de Samira, al igual que del resto, es ver truncada su traslado a la península.
Manifiesta que teme sobre todo por sus hijos, ya que el coronavirus llegó también al CETI y los últimos datos oficiales indicaban que los contagios rondaban los 80, aunque fuentes consultadas por El Faro aclaran que ahora van por el medio centenar.
