Temen que se esté impidiendo el acceso al asilo a personas que huyen de guerras y persecuciones en sus países de origen
La valla de Melilla continúa dando de qué hablar. Si este fin de semana eran asociaciones de jueces y fiscales los que alzaban su voz contra las supuestas irregularidades que se están produciendo en los asaltos de inmigrantes a nuestra ciudad, ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) mostró su preocupación por la violencia ejercida por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su intervención en el salto del pasado miércoles. ACNUR consideró, a través de un comunicado de prensa, que los incidentes violentos que se producen en el control fronterizo podrían estar impidiendo el acceso al territorio español y el derecho a pedir asilo a personas que necesitan protección internacional que llegan a la frontera huyendo de la guerra o de la persecución. Desde ACNUR denuncian que no es la primera vez que se emplean métodos violentos contra los subsaharianos que tratan de saltar la valla de la ciudad y critican, también, que los subsaharianos sean devueltos a Marruecos tras conseguir pasar la alambrada. Los responsables del Alto Comisionado reconocen que los Estados tienen legitimidad para proteger y vigilar sus fronteras. Sin embargo, apuntan que esto no justifica cualquier forma de actuar. En este punto, señalan que es imprescindible que este control de las fronteras se lleve a cabo en un ambiente “libre de violencia” y con pleno respeto a los derechos humanos. ACNUR insiste en que las medidas de vigilancia que se adoptan para la gestión fronteriza deben cumplir con la legislación nacional y europea, así como con los tratados internacionales de los que España es parte. En especial, hacen referencia al convenio de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados. Desde la institución de la ONU hacen un llamamiento a las autoridades con el objetivo de que adopten las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse en las fronteras españolas. Cabe recordar que desde la Comisión de Derechos Humanos de la UE ya hicieron la semana pasada una advertencia al Gobierno español por las imágenes del salto del pasado miércoles en las que se veía a agentes de la Guardia Civil golpeando a inmigrantes. Asimismo, CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) y otras 69 entidades denunciaron las ‘devoluciones en caliente’ en la valla y el uso “excesivo” de la violencia por parte de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el asalto del día 15.
El Consejo de la Abogacía Española dice que las ‘devoluciones en caliente’ son una ilegalidad
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, denunció ayer que las ‘devoluciones en caliente’ de inmigrantes en las fronteras de Melilla y Ceuta "se producen con violación manifiesta de la legislación vigente". "El territorio español empieza donde empieza la alambrada y evidentemente, sea como sea, cuando una persona traspasa ese acceso tiene derecho a que se le tramite un expediente, con un abogado que le defienda y una audiencia del señor o señora que haya saltado la valla", explicó Carnicer. El presidente del Consejo General de la Abogacía Española subrayó que esta cuestión tan "elemental" la viene denunciando desde hace tiempo y todavía la Administración no le ha dado una contestación.
"Desde los famosos disparos de pelotas y el trágico ahogamiento de más de una docenas de personas, venimos denunciando lo mismo; se vienen transformando los aspectos físicos de la frontera, pero la conducta más o menos viene a ser la misma", explicó Carnicer en una rueda de prensa sobre el premio concedido por el Consejo de Europa al Expediente Electrónico de Justicia Gratuita.
