Su abogado defensor llegó a un acuerdo con la Fiscalía y los abogados de los 40 clientes estafados. Tendrá que devolver el dinero que recibió de cada uno de ellos, unos 165.000€.
Un empresario melillense, acusado de estafa y apropiación indebida, alcanzó un acuerdo con la acusación y la Fiscalía por la que acepta una condena de 10 meses y 15 días de prisión por un delito continuado de estafa y tres meses de cárcel más por un delito de apropiación indebida. El procesado se declaró culpable de haber vendido motos a unos 40 clientes que no tenía, habiendo recibido de todos ellos un dinero, más de 170.000 euros, que ahora tendrá que devolver, según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial a la que ha tenido acceso El Faro.
Los hechos ocurrieron entre los años 1998 y 2000, cuando el acusado aprovechando que tenía un negocio de compraventa de vehículos se comprometió a vender unas motocicletas de una marca determinada, sabiendo que para tramitar los documentos de compraventa, debía hacerlo en unas oficinas autorizadas por la marca, según recoge la sentencia. Los clientes, “ante la apariencia de verosimilitud de la compra”, abonaron una cantidad de dinero al contado a modo de señal y el resto lo financiaron con dos entidades bancarias, por lo que el acusado recibió la totalidad del precio a los que vendió motos que no tenía.
Según recoge la sentencia en los hechos probados, el procesado sabía que no iba a entregar a ninguno de los clientes las motos pactadas, “lucrándose así con el importe de los préstamos solicitados por sus clientes y en las cantidades recibidas al contado”. En el documento se relacionan un total de 42 clientes que, en total, pagaron por sus motos más de 170.000 euros, aunque en aquellos años aún se utilizaban las pesetas.
En uno de los casos, el cliente recibió de vuelta el dinero que pagó por la moto, otros dos afectados recibieron cheques sin fondos y uno más no consta que haya reclamado el dinero estafado.
Motos de exposición
Además, para ofrecer una mayor credibilidad a sus clientes sobre la transacción, el acusado acordó con el responsable de un concesionario local la cesión de siete motos de la marca en cuestión destinadas exclusivamente para su exposición en el establecimiento comercial del procesado, recoge la resolución judicial. Por tanto, las motos fueron entregadas “sin documentación, sin matrículas y sin llaves de arranque”. Sin embargo, el dueño del concesionario, al conocer “la conducta del acusado”, reza la sentencia, exigió la devolución de las siete motos, recibiendo todas salvo una de ellas. El procesado no devolvió esa moto, si bien entregó un cheque por valor de 2,5 millones de pesetas al propietario del concesionario que resultó no tener fondos.
