La diputada del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, ha calificado de "golpe de Estado" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de transferir competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. La parlamentaria melillense ha denunciado que este acuerdo con Junts per Catalunya supone "un ataque sin precedentes" al Estado y a la Constitución Española, ya que, en su opinión, "mutila" competencias exclusivas del Gobierno central.
Acedo ha señalado que esta medida responde únicamente a la necesidad de Sánchez de mantenerse en La Moncloa. "Estamos ante una nueva cesión para que el Gobierno pueda seguir comprando la presidencia a costa de España", afirmó. En este sentido, criticó duramente el hecho de que la política migratoria y la gestión de las fronteras puedan quedar en manos de una comunidad autónoma.
Las declaraciones de la diputada llegan después de que el Gobierno anunciara que Cataluña gestionará la seguridad de los puertos y aeropuertos en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de asumir el control de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la expedición de permisos de residencia. Esta medida ha sido acordada entre el Ejecutivo de Sánchez y Junts, en el marco de las negociaciones para mantener la estabilidad parlamentaria.
Acedo considera que esta cesión vulnera la Constitución y atenta contra la unidad del Estado. "Es inadmisible y vergonzoso lo que estamos viviendo en nuestro país. Sánchez está desmantelando al Estado, pretendiendo desguazar sus competencias en control de fronteras y extranjería", aseveró. Además, subrayó que la inmigración, tanto de menores como de adultos, está siendo utilizada como "moneda de cambio" en la negociación con los partidos independentistas.
La diputada popular también alertó sobre las posibles consecuencias que esta transferencia de competencias podría tener en Melilla, una ciudad que, en su opinión, necesita "una España fuerte y unida". "Sánchez ha desarmado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras terrestres, en las vallas de Melilla y de Ceuta, eliminando los rechazos en frontera", argumentó.
Acusaciones contra el Gobierno
En su intervención, Acedo criticó duramente al Gobierno de coalición del PSOE y Sumar, acusándolo de "indecencia" por desproteger a los cuerpos de seguridad y ceder ante exigencias independentistas. "No solo han desarmado a la Policía y la Guardia Civil, sino que además han desprotegido a sus agentes, cuestionando su autoridad y su actuación con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana", afirmó.
Asimismo, hizo referencia a la relación del Ejecutivo con partidos como Bildu, señalando que esta formación "exige y consigue" cambios legislativos que afectan a la seguridad del país. "Estamos hablando del brazo político de la banda terrorista ETA, y ahora con esta cesión a Junts, el Gobierno abre la puerta a que Cataluña tenga control sobre la inmigración", denunció.
Acedo también cuestionó que las negociaciones con Junts se estén llevando a cabo con Carles Puigdemont, a quien calificó de "prófugo de la justicia española". "Es surrealista que un Gobierno negocie una cesión de competencias con un huido de la justicia, con alguien que intentó romper España", sostuvo.
El PP anuncia medidas
Desde el Partido Popular, han exigido al Gobierno de Sánchez que explique con detalle los términos de esta cesión de competencias. Según Acedo, una vez que se conozca "la letra pequeña" del acuerdo, el PP tomará medidas para impedir que esta transferencia se haga efectiva.
"Estamos ante otra ilegalidad del Ejecutivo de Sánchez, que ha convertido al propio Estado en su principal enemigo. No vamos a permitir que continúe el desmantelamiento de España", advirtió la diputada.
El Partido Popular ya ha mostrado su rechazo a este tipo de pactos en el pasado y ha adelantado que recurrirá esta medida ante los tribunales si se confirma que vulnera la Constitución. Además, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en caso de gobernar revertirá todas las cesiones que considera perjudiciales para la unidad del país.
La cesión de competencias en inmigración a Cataluña ha abierto un fuerte debate en la política nacional. Mientras que desde el Gobierno se defiende que esta medida busca mejorar la gestión territorial de la inmigración y reforzar la cooperación entre administraciones, la oposición la ve como una nueva concesión al independentismo.
La polémica se suma a otras decisiones recientes del Ejecutivo en materia de seguridad y control fronterizo, como la eliminación de los rechazos en frontera en Ceuta y Melilla, o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aspectos que el PP considera que están debilitando la capacidad del Estado para controlar la inmigración.
Con este escenario, la discusión sobre el reparto de competencias en inmigración continuará siendo un eje central en el debate político, con el PP firme en su postura de oposición frontal a cualquier cesión que considere inconstitucional.
