La diputada del Partido Popular por Melilla, Sofía Acedo, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de vetar una enmienda presentada por su grupo parlamentario que exigía a los inmigrantes acreditar la ausencia de antecedentes penales y policiales para regularizar su situación en España, según recoge una nota de prensa difundida por el PP local este miéroles.
La iniciativa, según ha explicado la parlamentaria, se ajustaba a lo establecido en la Ley Orgánica de Extranjería, pero fue rechazada por el Ejecutivo al considerar que su aplicación implicaría un incremento de personal en las oficinas de extranjería. A juicio de Acedo, este argumento supone “un reconocimiento implícito” de que actualmente no existen los recursos necesarios para verificar de forma rigurosa los antecedentes de quienes solicitan la regularización.
En este contexto, la diputada popular ha asegurado que el veto confirma las denuncias que su formación viene realizando desde hace meses sobre la falta de control en los procesos migratorios. Acedo ha calificado la decisión del Gobierno como una “irresponsabilidad manifiesta” y ha advertido de que podría tener consecuencias negativas para la seguridad nacional.
Además, en su condición de portavoz de Inmigración en el Congreso, ha criticado el plan de regularización impulsado por el Ejecutivo, al que ha definido como “un error sin paliativos”. Según ha señalado, esta medida estaría motivada por intereses políticos, en alusión a la necesidad del Gobierno de asegurar apoyos parlamentarios, y no respondería a criterios de interés general.
Acedo también ha puesto el foco en las diferencias respecto a procesos de regularización anteriores. En este sentido, ha indicado que el actual no estaría vinculado al mercado laboral ni exigiría contrato de trabajo o medios económicos, lo que, en su opinión, supone un cambio relevante en el enfoque de la política migratoria.
Asimismo, ha advertido de que la falta de verificación estricta de antecedentes podría permitir la regularización de personas que hayan cometido delitos. En este punto, ha considerado “gravísimo” que, según su valoración, el Gobierno pueda propiciar que personas con antecedentes accedan a la regularidad en España.
Otro de los aspectos destacados por la diputada ha sido el denominado “efecto llamada”. Acedo ha señalado que la expectativa de regularización podría incentivar la llegada de inmigrantes en situación irregular tanto desde otros países de la Unión Europea como a través de vías irregulares. Como ejemplo, ha aludido a los datos de entradas en Ceuta y Melilla en los primeros meses del año, donde, según ha indicado, han accedido más de 1.300 personas, con un número reducido de devoluciones.
En relación con ello, ha subrayado que esta situación tiene un impacto especial en territorios fronterizos como Melilla, que, según ha apuntado, soportan una elevada presión migratoria. A su juicio, la regularización planteada evidencia el “fracaso” de la política migratoria del Gobierno, al que acusa de no tramitar en tiempo y forma los expedientes de quienes cumplen los requisitos legales.
Por último, Acedo ha defendido el modelo de inmigración del Partido Popular, basado en una gestión “regular, ordenada y vinculada al empleo”, orientada a favorecer la integración y la contribución al sistema. Asimismo, ha insistido en que la decisión del Ejecutivo podría perjudicar a los inmigrantes que sí cumplen con la normativa vigente.
