“¿Es normal que el Gobierno de España actúe en contra de sus propias recomendaciones en lo que a la seguridad y, concretamente, en lo que a la seguridad de nuestra frontera se refiere? No es normal. Por eso exigimos explicaciones claras y transparentes”. La diputada de PP, Sofía Acedo, ha hecho esta reflexión al hilo de que el Grupo Parlamentario Popular haya registrado en el Congreso una batería de preguntas para conocer las razones que han llevado al Ejecutivo de Sánchez a usar cámaras de videovigilancia de origen chino en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, una cuestión que, según la popular, “compromete la seguridad nacional y la soberanía tecnológica de las fronteras”.
La parlamentaria nacional recuerda que el Gobierno adquirió estas de una marca que está vetada por países aliados como los Estados Unidos y el Reino Unido e incluso la Unión Europea.
“Nosotros nos preguntamos ¿a qué está jugando el Gobierno de España con la seguridad de todos y de nuestras fronteras?”. Acedo está convencida de que el Ejecutivo central “no tiene ninguna garantía de que las imágenes que se graben a través de estas cámaras no sean supervisadas por un país extranjero como la República Popular China o que su funcionamiento no pase por una necesaria dependencia de este país”.
La diputada puntualiza que “estamos hablando de la frontera sur de la Unión Europea, la frontera de España con Marruecos” e indica que, “a diferencia de lo que hace el Gobierno de Sánchez, lo que hay que impulsar precisamente es lo contrario: una mayor vigilancia, control y protección” y hacerlo, añade, “con todas las garantías de soberanía en estas tecnologías y sistemas para nuestro país”.
En este contexto, recuerda que el Grupo Popular ha solicitado la comparecencia de varios ministros (Albares, Marlaska, Robles y Bolaños) por el “alto riesgo” para la seguridad del Estado de los contratos con Huawei, y es que el Partido Popular subraya que estos cuatro ministros deben dar explicaciones, tanto en el Congreso como en el Senado, de la adjudicación de unos contratos que son considerados de “alto riesgo” para la seguridad del Estado. “¿Estos movimientos forman parte de una estrategia perfectamente meditada para favorecer la influencia del expresidente Zapatero en este tipo de países y empresas? ¿Estos movimientos forman parte de una estrategia perfectamente meditada por el Gobierno de Sánchez? ¿Es normal que el Gobierno de España actúe en contra de sus propias recomendaciones en lo que a la seguridad y, concretamente, a la seguridad de nuestra frontera se refiere? No es normal. Por eso exigimos explicaciones claras y transparentes”, asevera.
En palabras de la popular, “es inadmisible que el Gobierno priorice, presuntamente, los intereses de sus intermediarios, como el señor Zapatero, frente a los intereses del Estado, los intereses de España”.
Así las cosas, desde la formación se exige al Ejecutivo central “transparencia” en las explicaciones y que se elabore una evaluación de riesgos con una auditoría urgente del funcionamiento de estos contratos, que garantice la ausencia de interferencia extranjera “en una materia tan sensible y comprometida como la seguridad, en el control y vigilancia de nuestras fronteras exteriores, la integridad territorial española y la seguridad nacional”.
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