La Abogacía del Estado ha declarado nulo el pago en 2010 de 1,7 millones de euros del Puerto de Melilla a la constructora OHL, encargada de hacer las obras de ampliación de la Estación Marítima local, después de haber firmado en 2009 que no había deudas pendientes entre ambos.
En este sentido, el servicio jurídico de la Abogacía del Estado ve indicios de posible responsabilidad porque "la combinación del ánimo defraudatorio y ocultación hace de alguna manera que pueda suponer que hay indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos, señaló Gamero.
En el "demoledor" informe, de 23 páginas, la Abogacía del Estado hace un análisis de la invalidez del acta administrativa y de su carencia de efecto jurídico y analiza la falta de competencia material del firmante, que tenía que haber sido el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla.
Sin embargo, ese acuerdo de liquidación complementaria, que ascendió a más de medio millón de euros (563.785,68 euros), se cerró el 31 de diciembre de 2009 y lleva la firma de José Luis Almazán, entonces director del Puerto de Melilla y responsable de Desarrollo Económico del PP en Melilla, y ahora imputado en el Caso Lezo; del responsable de Infraestructuras de la Autoridad Portuaria, José Manuel Paramio Cabrera, y por parte de la UTE de la Estación Marítima, de José María García Tejera, según el documento al que tuvo acceso acceso El Faro.
Por su parte, la Abogacía del Estado también valora en su informe el extraordinario impacto que supone el pago de 1,7 millones de euros en un puerto tan pequeño como el de Melilla, además, hecho al margen de las normas de contratación pública del Estado, según explicó este lunes Víctor Gamero, presidente del Puerto.
Este pago "no justificado" lo destapó una auditoría encargada por Gamero, que arrojó un sobrecoste en las obras de la estación Marítima de 9 millones de euros.
En ese documento aparece reflejado, como publicó El Faro, que el 15 de septiembre de 2010, Esteban acordó abonar esos 1,7 millones pese a que José Luis Almazán, había firmado en 2009 un contrato con la UTE, a través del cual la Autoridad Portuaria y la constructora acordaban que a partir de este momento no tenían deudas pendientes.
Se trata de un acuerdo suscrito en 2009, que deja constancia de que los intereses de demora quedan saldados por lo que la empresa desiste “expresamente de todas las reclamaciones interpuestas con posterioridad a la fecha” de este documento y, además, se compromete a renunciar a interponer ninguna más.
Los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado consideran que en el pago de 1,7 millones de euros a OHL en 2010 hay "una ausencia total de procedimiento".
"Tenemos por un lado la falta de competencia y por otro lado, la falta de procedimiento", señaló Gamero en declaraciones a los medios.
Esta situación pone en tela de juicio cómo se han llevado a cabo modificaciones y revisiones de precio al margen de la normativa de la Contratación del Estado.
"No se respeta el 20% de la adjudicación y tampoco se pidió el informe preceptivo para realizar ese pago. Ante estas dos circunstancias se califica el acto de nulidad radical", insistió el presidente de la Autoridad Portuaria.
Este martes está previsto que se celebre un Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla y el Consejo decidirá qué se hace con este informe
Hay que recordar que recientemente la Policía Científica identificó la voz del ex director del Puerto de Melilla entre 2004 y 2012, José Luis Almazán, pidiendo 400.000 euros para las elecciones europeas de 2009 al ex directivo de la constructora OHL, Paulino Hernández.
Esa información constaría en un informe pericial del 16 de septiembre, que está incluido en la pieza separada número 8 del ‘Caso Lezo’. El documento fue entregado al juez Manuel García Castellón, que mantiene imputado a Almazán en el ‘Caso Lezo’.
Según recogió Europa Press, Hernández grabó en 2009 una conversación en la que Almazán se queja de que OHL habría aplicado un sobrecoste del 30% a las obras de ampliación del Puerto y presuntamente le pide 400.000 euros para darle “cierto gusto” a sus jefes, a lo que el ex directivo que estaba grabando la conversación contestó reprochándole que no se pasara.
En 2015 Almazán renunció a una indemnización de 111.000 euros que le ganó a la Autoridad Portuaria de Melilla. Según se dijo en su momento, lo hizo como muestra de agradecimiento por el impulso que el Puerto de Melilla dio a su carrera profesional.
El Puerto de Melilla ha remitido a la Oficina Antifraude Europea y a la Fiscalía las presuntas irregularidades en torno a los 9 millones de euros de sobrecoste que tuvieron las obras de ampliación de la dársena local.
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