La ONG estadounidense Human Rights Watch asegura que los inmigrantes subsaharianos que son expulsados de Marruecos en dirección a Argelia sufren “abusos adicionales” en la franja fronteriza que separa ambos países magrebíes. Así se detalla en el informe que la asociación humanitaria ha elaborado y en el que
también denuncia “expulsiones sumarias” realizadas desde Melilla al reino alauita, tal y como publicó El Faro en la jornada de ayer.
Hay que recordar que hasta septiembre del año pasado, los subsaharianos que eran detenidos por las fuerzas del orden marroquíes solían ser conducidos a Oujda para su posterior abandono en la frontera con Argelia. Al no existir punto geográfico alguno que delimite de forma clara ambos países, los inmigrantes se veían obligados a vagar por ambas naciones magrebíes hasta que volvían a ponerse en marcha de nuevo hacia las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta.
Robos y violencia
Human Rights asegura que los subsaharianos que son abandonados en la frontera argelina suelen ser víctimas de “abusos adicionales” por parte de las autoridades de dicho país. De las entrevistas que la ONG ha realizado entre los inmigrantes se desprende que muchos son “obligados de forma violenta” a regresar a Marruecos. Además, es común “que les roben sus objetos personales y de valor”.
Proceso de expulsión
Por otro lado, la asociación humanitaria subraya en su informe que Marruecos “ignora los requisitos básicos” para la deportación de subsaharianos. En este sentido, Human Rights recordó que en el artículo 23 de la Ley de Inmigración del reino alauita se establece el derecho a solicitar un abogado o intérprete antes de la expulsión.
Además, el artículo 22 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, de la que Marruecos forma parte, señala que la orden de expulsión debe constar por escrito y que cabe la posibilidad de impugnarla. La normativa es incumplida por Marruecos en la mayor parte de los casos, según la asociación norteamericana.
En la misma línea, la ONG considera que el país vecino debe garantizar que las fuerzas de seguridad se abstengan de utilizar una “fuerza excesiva” con los subsaharianos, así como que respeten todos sus derechos.
“En la política migratoria de Marruecos hay aspectos positivos de los que hemos tomado nota. Sin embargo, seguimos preocupados por los informes de violencia policial”, recalcaron.
Por último, señalaron que, según las entrevistas que han realizado a los inmigrantes, las agresiones por parte de la policía marroquí suelen ser injustificadas.
