Afirma que “era la mejor oferta en términos económicos y técnicos”. El PSOE defiende que es un “caso de tráfico de influencias”. La ministra de Sanidad, Ana Mato, defendió ayer en el Senado que se adjudicó un contrato del hospital Comarcal de Melilla a la empresa Business Assessment Plans and Projects Healthcare (BAPP), del exconsejero madrileño Manuel Lamela, porque cumplía “todos los requisitos”, mientras que la senadora socialista Maru Menéndez lo tachó de un “caso clarísimo de tráfico de influencias”.
La responsable de Sanidad en el Gobierno aseguró que los contratos de asesoramiento sobre gestión clínica de los hospitales de Melilla y Ceuta se adjudicaron, tras varias reuniones de la mesa de contratación, “a la mejor oferta en términos económicos y técnicos”, en un proceso que ha sido “impecable” según reflejan los informes preceptivos.
Con esta asistencia técnica, adjudicada a dos empresas distintas, se implantará la gestión clínica en ambas ciudades, como se está haciendo en otras autonomías, y la gestión seguirá siendo pública, recalcó Mato.
Por su parte, la senadora socialista por Madrid reprochó que el trabajo de consultoría sobre la gestión clínica del Hospital de Melilla se adjudicara a BAPP, empresa presidida por Lamela, que fue consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre.
A su juicio, tanto Lamela como el también exconsejero madrileño de Sanidad Juan José Güemes, son “claros referentes” del fenómeno de la “puerta giratoria” entre la administración y la empresa privada, al igual que el ex secretario general de Sanidad de Castilla-La Mancha, que “adjudicó contratos por valor de 36 millones a Clece, y ha sido contratado por esa empresa nada más cesar en el cargo”.
Menéndez afirmó que Lamela y Güemes impulsaron “cuestionadas medidas de privatización a favor de ciertas empresas; ambos están imputados penalmente por cohecho y prevaricación, y tras cesar en sus cargos emprenden actividades mercantiles relacionadas con la sanidad en empresas a las que habían favorecido”.
Tras señalar que Lamela “concesionó la construcción y mantenimiento de ocho hospitales” a empresas privadas con la fórmula PFI (Private Finance Initiative, en inglés), Menéndez aseguró que “tiene un entramado empresarial propio: La Fundación Lafer, Madrid Medical Destination y BAPP, que es su proyecto empresarial más personal para el desarrollo de su proyecto empresarial sanitario, como figura en la propuesta” que presentó al concurso.
“Es con esta última con la que usted ha contratado la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica en Melilla”, según Menéndez, para quien es un “caso clarísimo de tráfico de influencias”, por los antecedentes de Lamela y sus contactos con la ministra, añadió.
Además, “un alto cargo suyo, el director general de Cartera Básica, es quien le firma el aval sobre su experiencia para presentarse al concurso”, añadió Menéndez, para quien la ministra “sabía que se presentaba”.
A su juicio, y dado el importe del contrato, el interés de Lamela consistiría en “poder exhibir en América Latina el aval de haber prestado servicios de consultoría al Ministerio de Sanidad para seguir haciendo negocio”, agregó la socialista.
