El Gobierno central asegura que seguirán paralizadas hasta que se solvente la demanda de la constructora.
El Gobierno central asegura que no es posible determinar el plazo de finalización de las obras del hospital universitario, que llevan paralizadas desde abril de 2012. De esta forma contesta a la pregunta formulada por el parlamentario Ricardo Sixto Iglesias de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados.
Sixto Iglesias presentó el pasado 23 de abril varias cuestiones sobre la fecha en la que se prevé que se entreguen las obras a la Administración, las razones por las que se ha acumulado este retraso, así como el coste que supone para el Estado el mantenimiento de estas obras.
El Gobierno central destaca en su respuesta al diputado de IU que el jugado de lo Contencioso Administrativo número nueve acordó el 26 de diciembre de 2012 mantener la medida cautelar de suspensión de las obras solicitada por la constructora que estaba a cargo del proyecto.
Explica que esta empresa no aceptó ni el precio ni las condiciones que la Administración había establecido para el modificado del proyecto del hospital universitario.
Discrepancias
También indica en este escrito dirigido a Sixto Iglesias que el retraso en la finalización de las obras se debe a que la constructora discrepaba respecto a las modificaciones que se hicieron en el proyecto inicial.
El Gobierno central señala que la falta de acuerdo con la empresa retrasó la aprobación del modificado, lo que llevó a la Administración a suspender de forma temporal las obras. Esto se unió a la decisión del juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve de mantener paralizada la construcción.
Coste sin determinar
Otra de las preguntas que formuló el diputado de IU al Gobierno central fue el coste que puede suponer el mantenimiento de estas obras mientras están paralizadas. El Ejecutivo central apunta que mientras que “no se resuelva la demanda interpuesta por la empresa no será posible determinar este importe”.
El Gobierno central asegura que es la constructora la que tiene la obligación de vigilar y mantener esta obra mientras el contrato siga vigente, aunque la ejecución del proyecto esté suspendida debido a las medidas cautelares establecidas tanto por la Administración como por la Justicia.
