La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo deberá decidir, probablemente después del verano, si la investigación de la explosión ocurrida el pasado mes de mayo en el cuartel de la Legión de Viator (Almería), que costó la vida a tres militares, corresponde a la jurisdicción civil o militar. Tres artificieros del Ejército murieron y otros dos militares resultaron heridos como consecuencia de una explosión cerca de un mortero ubicado en un vehículo blindado ligero de la Unidad de Zapadores en el cuartel de la Legión Álvarez Sotomayor. Los fallecidos, que regresaban de una práctica de desactivación de explosivos, son dos brigadas y un sargento.
El Juzgado Togado Militar número 23 de Almería y el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería han presentado ante el Supremo un conflicto de competencias sobre la investigación del asunto. El tribunal debe resolver la cuestión, para lo cual fijará una vista que fuentes jurídicas sitúan después del próximo mes de agosto.
